La controversia histórica y patrimonial que desde hace tiempo envuelve el debate sobre la ubicación y entidad de las juderías en la ciudad de Almería ha trascendido el ámbito académico y social para adentrarse definitivamente en la esfera judicial.
Este próximo miércoles está previsto que se celebre un acto de conciliación en la Ciudad de la Justicia de Almería, un trámite legal previo e imprescindible para la interposición de una querella criminal. El procedimiento ha sido instado por el profesor de la Universidad de Almería e historiador Jorge Lirola contra Carmelo López Carrique, presidente de la entidad Maguen Sefarad, a raíz de una serie de afirmaciones vertidas públicamente que Lirola considera constitutivas de delitos de injurias y calumnias con publicidad, las cuales atentan gravemente contra su honor y dignidad profesional.
El origen directo de este conflicto legal se sitúa en la publicación, el pasado 20 de diciembre de 2024, de un artículo de opinión en un medio de comunicación local, tanto en su versión impresa como digital, bajo el titular "Negacionismo, judeofobia e hipocresía". En dicho texto, firmado por López Carrique, se realizaban señalamientos directos contra Jorge Lirola, acusándolo de negar "cualquier existencia de judíos o juderías en Almería", una afirmación que el profesor califica de absolutamente falsa. El escrito iba más allá al equiparar esta postura académica con el negacionismo del Holocausto y atribuirle al historiador una supuesta "judeofobia". Lirola sostiene que estas aseveraciones no solo faltan a la verdad, sino que buscan dañar su imagen pública mediante la tergiversación de sus investigaciones sobre el pasado de la ciudad.
El escrito presentado para el acto de conciliación detalla cómo el artículo en cuestión descalifica la trayectoria de Jorge Lirola, tildándolo de "pseudohistoriador" y acusándolo de tener "cara dura" y "poca vergüenza" por, supuestamente, contradecir a otros investigadores. Frente a estos ataques a su competencia profesional, Lirola reivindica su extenso currículum y solvencia académica, avalada por cuatro sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), el organismo competente para validar la producción científica de los profesores universitarios en el Estado español. Además de los cuestionamientos profesionales, el texto objeto de la demanda incluía descalificativos personales, refiriéndose al profesor como alguien "arrogante", "narcisista", "hipócrita" y "necio", con un "pobre y vacío discurso".
La ofensiva verbal denunciada por Jorge Lirola no se limitó a su persona, sino que se extendió a las organizaciones con las que colabora. En concreto, el artículo de López Carrique arremetía contra la asociación Amigos de la Alcazaba, a la que calificaba de entidad "repleta de ignorancia" y "sin personalidad alguna", asegurando que se dejaba arrastrar por un "mediocre profesor con aires de grandeza en su imaginaria musulmana". El texto llegaba a afirmar que estos actores no son "interlocutores válidos" en el debate sobre el patrimonio hebreo y que deberían "quedarse fuera". De especial gravedad considera Lirola la acusación de que su motivación para "levantar polémicas" responde al interés de evitar que se acabe "la financiación y el protagonismo", una imputación que el historiador niega categóricamente, asegurando que ni él ni las asociaciones que representa han cobrado un solo euro en relación con este asunto, careciendo dicha acusación de cualquier fundamento fáctico.
El propósito del acto de conciliación convocado para este miércoles en Almería es ofrecer al demandado la oportunidad de evitar el procedimiento penal. Para ello, Jorge Lirola solicita a Carmelo López Carrique que se avenga a reconocer la falsedad de sus acusaciones y a retirar todas y cada una de las presuntas injurias y calumnias vertidas. El requerimiento exige una disculpa tanto en el propio acto de comparecencia como por escrito, y obliga al demandado a remitir una rectificación a las mismas instancias y medios donde se publicó el artículo original, solicitando que se le dé la misma publicidad y difusión que tuvo el texto ofensivo.
Este proceso de rectificación deberá realizarse con la mayor urgencia, estableciéndose un plazo máximo de 15 días desde la celebración del acto. En caso de no existir avenencia, el escrito presentado advierte que se procederá de inmediato al ejercicio de las oportunas acciones judiciales penales contra el Sr. López Carrique, reclamando no solo la restauración del honor, sino también la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.