La estabilidad del motor económico de la provincia de Almería se juega en los despachos y en las canalizaciones. En un encuentro estratégico para el futuro del sector agroalimentario, las parlamentarias andaluzas del Partido Popular, Julia Ibáñez y Ángeles Martínez, junto a la diputada nacional Maribel S. Torregrosa y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se han reunido con los portavoces de la Junta Central de Usuarios del Poniente almeriense. El objetivo: analizar la crítica situación del agua y coordinar una ofensiva política que desbloquee las obras estatales pendientes.
Julia Ibáñez ha sido contundente al señalar que el agua no es solo un bien básico, sino un "recurso estratégico" que define la viabilidad del Poniente. La parlamentaria advirtió que el modelo de extracción tradicional ha tocado techo: “Sabemos que el presente y el futuro pasan por diversificar las fuentes de suministro para reducir la presión sobre las aguas subterráneas y garantizar estabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo”.
Durante el encuentro, se puso de relieve el contraste entre las políticas hídricas. Mientras que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha movilizado una inversión sin precedentes en la provincia, impulsando el uso de aguas regeneradas a través del denominado Plan Parra, la preocupación se centra en las competencias que corresponden al Gobierno de España.
Ibáñez denunció lo que considera una "dilatación injustificable" de proyectos que ya cuentan con redacción técnica y, en algunos casos, con fondos europeos que se han perdido por falta de ejecución. En este sentido, el Partido Popular ha reclamado:
Prioridad absoluta para las obras de interés general en el Campo de Dalías, con calendarios que no admitan más prórrogas.
Recuperación de la financiación europea extraviada para evitar que el coste de las infraestructuras recaiga exclusivamente en los regantes.
Ventanilla única interadministrativa: Una herramienta clave para que la burocracia entre diferentes administraciones no vuelva a frenar una tubería o una balsa de riego.
La propuesta estrella trasladada tras la reunión es la incorporación inmediata de una nueva planta desaladora en el Campo de Dalías, con una capacidad de 50 hectómetros cúbicos, para aliviar el déficit estructural que sufren municipios como El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Adra, La Mojonera o Dalías.
Además de la infraestructura física, el PP pone el foco en la factura del agua. Se ha exigido que la excepción temporal de precios fijada por el Ministerio se prolongue hasta los diez años. Esta medida busca dotar de "seguridad jurídica y estabilidad tarifaria" a los agricultores de Almería, quienes se enfrentan a un escenario de incertidumbre económica por el encarecimiento de los insumos.
La formación concluyó reiterando su compromiso con el sector agrícola del Poniente, asegurando que no dejarán de presionar en todas las instituciones para que el agua deje de ser un arma política y se convierta en una garantía de empleo y futuro para la provincia.