Si la Real Academia Española cobrara un euro por cada patada que recibe desde la trinchera morada, el edificio de la calle Felipe IV tendría ya las molduras de oro macizo. Pero no estamos aquí para hablar de economía, sino de la última neuronada lingüística de Irene Montero, esa suerte de Juana de Arco de la gramática creativa que ha decidido regalarnos el término "gente marrona". Marrona. Porque al parecer, en su cruzada contra el patriarcado y el fascismo, las reglas básicas de la concordancia adjetival son daños colaterales aceptables.
Resulta enternecedor, por no decir trágico, observar el nivel intelectual que exhibe la exministra y actual eurodiputada de Podemos. Su lógica, tan afilada como una bola de billar, asume que si no le pones una 'a' al final de cada palabra, estás oprimiendo a alguien. Irene ignora —o finge ignorar— que "marrón" funciona como "imbécil" o "idiota": no existe la "imbécila" ni el "idioto". Pero claro, pedirle rigor lingüístico a quien ha hecho del lenguaje una carrera de obstáculos es como pedirle a un vegano que cate el jamón de Serón: una pérdida de tiempo.
Lo verdaderamente insultante no es el vocablo en sí, que no pasa de ser una anécdota para los memes, sino la escasa empatía y el cinismo político que esconde. Montero, en su afán por importar debates identitarios de Estados Unidos, habla de sustituir "fachas por migrantes" en las urnas, una estrategia de reemplazo electoral que disfraza de derechos humanos lo que es puro cálculo de escaños. Pero mientras se llena la boca de colores inventados, no se da cuenta de que los inmigrantes legales de EEUU votan republicanos, y que los ICE están compuestos por una mayoría de "latinos"... los inmigrantes, en cuanto son "legales" votan partido que prometen no regularizar a nadie más. Son hechos.
¿Dónde está la furibunda crítica de Montero a la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña? Resulta curioso que cuando Pedro Sánchez, en su funambulismo parlamentario, entrega las llaves de la frontera a Junts per Catalunya —un partido cuya burguesía no se caracteriza precisamente por su amor al proletariado multicultural—, a Podemos no le parezca racismo ni xenofobia... ahora, pero sí hace tres meses. Si la Comunidad de Madrid pidiera gestionar la inmigración, las calles arderían bajo las pancartas de "fascistas". Pero si lo pide Puigdemont, es plurinacionalidad. Irene calla ante la posibilidad real de que Cataluña expulse la inmigración "incómoda" hacia otros territorios, como a Andalucía o la propia provincia de Almería, que ya soporta una presión importante. Esa "solidaridad" selectiva tiene un nombre, es una "marronada".
Y mientras debatimos sobre vocales y colores, la realidad administrativa se desmorona. Las Oficinas de Extranjería están colapsadas. Conseguir una cita previa en Almería es más difícil que encontrar coherencia en el discurso de Sumar. Existe un mercado negro de citas y una desesperación palpable en quienes intentan hacer las cosas bien. Pero eso a Montero no le quita el sueño. Su prioridad es una regularización masiva e indiscriminada que, paradójicamente, discrimina a quien lleva años cumpliendo los plazos, pagando tasas y esperando su turno en la legalidad ¿esos, los irregulares a los que ella va a relegar para ponerles por delante a otros, la van a votar? ¡Anda ya!
¿Por qué esa insistencia en saltarse la fila? ¿Por qué se pone por delante al recién llegado irregular frente al que inició legalmente su proceso? Quizás deberíamos preguntar a la industria de abogados y ONGs afines que, legítimamente o no, verán engrosar sus cuentas con los procedimientos de esta regularización extraordinaria. Y aquí surge la pregunta que nadie en la izquierda "cuqui" quiere responder: ¿Qué miedo hay a exigir el certificado de antecedentes penales?
En cualquier país serio, la honradez es un requisito de entrada. Pedir que se verifique que quien entra no tiene cuentas pendientes con la justicia no es fascismo, es sentido común y seguridad ciudadana. Pero para Irene Montero, sugerir que se controle quién entra es un ataque de "fachas". Exigir que se mire para otro lado en esto es dar por sentado que si se piden esos antedecentes penales muchos quedarían fuera, es decir, porque piensa que la mayoría son delincuentes, justo como la extrema derecha.
Ella prefiere vivir en su mundo de piruleta semántica, inventando palabras como "marrona" para no tener que gestionar problemas reales. Porque es mucho más fácil retorcer el diccionario que explicar por qué el Estado español está fallando tanto al inmigrante que quiere trabajar legalmente como al ciudadano que exige unas fronteras seguras.
La "gente marrona" de la que habla Montero son personas reales, con problemas reales, que no necesitan que las utilicen como arma arrojadiza electoral ni que las bauticen con adjetivos mal declinados. Necesitan una administración que funcione, no una política que, en su delirio cultural, ha decidido que la gramática también es una conspiración de derechas.