Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y que, por norma general, nadie escarmienta en cabeza ajena. Sin embargo, parece que la tragedia de Valencia, con su rastro de lodo y cifras insoportables de fallecidos, ha operado un cambio de mentalidad, al menos en Andalucía. A golpe de realidad traumática, hemos descubierto que los avisos de Protección Civil no son sugerencias para romper la monotonía del grupo de WhatsApp, sino órdenes ante situaciones de vida o muerte.
Es una evidencia que la percepción del riesgo ha mutado. Cuando ahora se activa un aviso naranja o rojo, el silencio en las calles y la aceptación de las indicaciones demuestran que, por desgracia, el coste de nuestra madurez colectiva ha sido la vida de cientos de personas en el Levante. Lo cierto es que, frente a las recientes lluvias que han descargado en Andalucía, se ha percibido una gestión de las emergencias que dista mucho del caos y la improvisación. El Gobierno andaluz ha demostrado una responsabilidad y una capacidad de anticipación que no hemos visto en otras latitudes.
Sin embargo, en esta era de trincheras digitales, hay quien prefiere naufragar en la crítica sistemática antes que admitir una gestión eficaz. Resulta curioso observar el cinismo de ciertos sectores que arremeten contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el consejero de Emergencias, Antonio Sanz Cabello, por el simple hecho de estar donde las cosas suceden. Se les acusa de "buscar la foto" por calzarse las botas y pisar el terreno. La pregunta es obligada: ¿preferirían que estuvieran en un despacho a cientos de kilómetros o, peor aún, desaparecidos en una comida interminable como ocurrió con Carlos Mazón en Valencia?
La coherencia brilla por su ausencia en el fango de las redes sociales. Si el político no acude al lugar del desastre, se le tacha de indolente y alejado de la realidad; si acude para supervisar la gestión de la que es responsable, se le acusa de postureo. Parece que a algunos no les molesta la foto, sino quién sale en ella. Porque, mientras la Junta de Andalucía asumía en exclusiva y con solvencia la gestión de la emergencia, a otros representantes del Estado ni se los ha visto ni se los ha esperado.
Resulta llamativo el perfil bajo, casi invisible, de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, en esta crisis que ha afectado a su propia tierra. Quizá en esta ocasión no consideró oportuno el despliegue gráfico, algo que contrasta con su rapidez para aparecer en otros escenarios de tragedia, como aquel accidente ferroviario en Adamuz. Es la doble vara de medir: si el éxito de la gestión es de la administración autonómica, la presencia de sus líderes es "propaganda"; si la gestión brilla por su ausencia en el bando propio, el silencio es "prudencia".
¿Cuanto habría tardado Montero en meterse en el barro si la gestión tuviese algo criticable?
La realidad es que el sistema de emergencias de la Junta de Andalucía ha funcionado y está funcionando. La ciudadanía ha respondido con una disciplina ejemplar, asumiendo que un aviso rojo no es una invitación a sacar el coche para ver cómo baja el río. Hemos aprendido, sí, pero el precio ha sido demasiado alto. Al menos, queda el consuelo de saber que, frente a la crítica vacía de quienes solo buscan el fallo político, la eficacia administrativa y la responsabilidad civil han decidido, por una vez, ir de la mano.