La provincia de Almería encara una transformación profunda de su red de sedes judiciales, un impulso que busca saldar deudas históricas con diversos partidos judiciales que han sufrido durante años problemas de espacio y obsolescencia. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado que las carencias en infraestructuras que lastraban a la provincia están quedando solventadas o se encuentran ya en vías de resolución definitiva. A través del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, la administración ha pasado de las promesas a la ejecución de hitos concretos, con presupuestos definidos y plazos de ejecución que pretenden dotar a Almería de unas instalaciones acordes a su crecimiento poblacional y dinamismo económico.
Uno de los proyectos más avanzados es el nuevo complejo judicial de Roquetas de Mar, cuya primera piedra se colocó el pasado 12 de diciembre. Esta infraestructura, que cuenta con una superficie de 6.000 metros cuadrados, duplicará el espacio disponible actualmente y permitirá unificar todos los órganos judiciales que hoy se encuentran dispersos en locales insuficientes. La obra destaca por ser la primera sede judicial en el Estado español construida mediante una fórmula de colaboración público-privada, impulsada por el compromiso del Ayuntamiento de Roquetas y su alcalde, Gabriel Amat. El consistorio ejecuta la construcción con una inversión de 12 millones de euros, cantidad que recuperará mediante un canon anual que la Consejería abonará durante los próximos 30 años por el uso del inmueble.
En el Levante almeriense, el municipio de Huércal-Overa ve por fin la salida a una demanda que acumulaba 16 años de espera. El pasado mes de diciembre se sacó a licitación la obra de la nueva sede por un importe de 8,3 millones de euros, una inversión que la administración asume íntegramente. Con un plazo de ejecución de 17 meses, los trabajos comenzarán este mismo año una vez se adjudique el contrato. El nuevo edificio triplicará el espacio actual, permitiendo agrupar todos los servicios en un enclave estratégico para el partido judicial. De forma paralela, en Vélez-Rubio se ha alcanzado un acuerdo para rehabilitar la emblemática Casa de los Manchón, un edificio de gran valor patrimonial en el centro del municipio que se convertirá en sede judicial, resolviendo así los problemas de accesibilidad actuales mientras se preserva la herencia arquitectónica local.
La planificación se extiende también a Vera, donde se ha firmado un protocolo de colaboración público-pública con el Ayuntamiento para localizar una parcela adecuada que albergue una nueva sede necesaria ante el crecimiento constante de este partido judicial. Además de estas grandes obras, el plan incluye una apuesta por la sostenibilidad en el resto de la provincia. Se prevén mejoras en la eficiencia energética mediante la instalación de placas solares y sistemas de aislamiento avanzados en la Ciudad de la Justicia de Almería capital, así como en las sedes de El Ejido, Berja y Purchena. Asimismo, en Adra se está adecuando un local para la nueva Oficina de Justicia Municipal, que ampliará las competencias del antiguo Juzgado de Paz.
Más allá de los edificios, la gestión se ha centrado en el refuerzo de las plantillas de funcionarios, especialmente en el tribunal de instancia de Berja. Este órgano ha contado durante 2025 con cuatro interinos de refuerzo y, desde julio, su plantilla se incrementó con dos nuevas plazas fijas tras la implementación del nuevo modelo de organización judicial. Actualmente, Berja dispone de 16 funcionarios y tres trabajadores en el Registro Civil. Pese a este aumento de personal, la administración mantiene dos refuerzos adicionales y ha solicitado una inspección oficial al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para analizar por qué la tasa de resolución de asuntos sigue siendo baja. Como medida complementaria, se espera que para 2026 se incorpore finalmente un nuevo juez, una petición que ha sido denegada reiteradamente en años anteriores por el Ministerio competente pero que ya figura en el proyecto de Real Decreto para el próximo ejercicio.