El Parlamento de Andalucía se convirtió ayer en el escenario de un enfrentamiento político sin precedentes donde las líneas ideológicas tradicionales quedaron totalmente desdibujadas por el peso de la corrupción vinculada a la provincia de Almería. La solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales a empresas conectadas con la denominada "trama de Almería" o "caso mascarillas" derivó en un asedio parlamentario en el que Vox abandonó cualquier atisbo de solidaridad con el Gobierno de Juanma Moreno para alinearse, con una retórica indistinguible, con la oposición de izquierdas. En una maniobra que aisló completamente al Grupo Popular, la formación verde validó punto por punto la teoría del "patrón criminal" y el "saqueo institucional" esgrimida por socialistas y comunistas, centrando sus ataques en la gestión de la Diputación Provincial y su extensión hacia la administración autonómica.
La sesión estuvo marcada por la profusión de detalles sobre el funcionamiento de una presunta red clientelar que, según denunció la portavoz del PSOE, María de los Ángeles Férriz, ha convertido la administración pública almeriense en un negocio familiar. Férriz relató ante la Cámara un escenario dantesco de dinero negro circulando "en bolsas de plástico, en bolsillos de cazadoras y hasta en fundas de almohada", aludiendo a los 120.000 euros hallados por la Guardia Civil.
La socialista describió una estructura en la que "todos son del PP y todos son familia", señalando directamente las conexiones entre la administración y empresas como Inversiones y Promociones Tajili, cuya administradora única es la esposa del alcalde de Tíjola, o OIC Servicio Urbano, vinculada al yerno del alcalde de Fines. Según su exposición, estas mercantiles habrían actuado como receptores de fondos públicos mediante contratos de emergencia y menores, una fragmentación contractual que Férriz definió como el "modus operandi favorito" del Partido Popular para esquivar la fiscalización legal y saquear la sanidad pública.
Lo más sorprendente de la jornada no fue la dureza del PSOE, sino la virulencia con la que Vox, a través de su portavoz Juan José Bosquet, se sumó al linchamiento político, empleando argumentos calcados a los de la extrema izquierda. Lejos de defender la presunción de inocencia de sus antiguos socios de investidura, Bosquet asumió la tesis de que lo ocurrido en Almería no es un hecho aislado fruto del caos de la pandemia, sino un "sistema" y un "patrón de funcionamiento constante".
El portavoz de Vox utilizó términos como "redes clientelares", "mordidas" y "adjudicaciones irregulares" para exigir una depuración de responsabilidades políticas que vaya más allá de lo penal, coincidiendo plenamente con la exigencia de transparencia radical planteada por Adelante Andalucía. En un discurso que borró las fronteras entre su grupo y las bancadas de izquierda, Bosquet afirmó que su partido perseguirá la corrupción "caiga quien caiga", ya sea del PSOE o del PP, validando la necesidad de una investigación parlamentaria paralela a la judicial ante la gravedad de los indicios de cohecho, malversación y blanqueo de capitales que pesan sobre exdirigentes populares almerienses.
La ofensiva se vio reforzada por la intervención de Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, quien aportó una batería de datos económicos que vinculan directamente la trama provincial con la gestión de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Moreno Bonilla. Nieto detalló una serie de adjudicaciones millonarias a empresas de la trama que continuaron produciéndose incluso después de las primeras detenciones, citando contratos de la Consejería de Fomento por importes de 948.000 euros en 2019, seguidos de otros de 328.000 y 372.000 euros.
La portavoz de izquierdas elevó el tono al mencionar obras de refuerzo de firme adjudicadas por valor de casi seis millones de euros y otros contratos de más de tres millones, sugiriendo que la negativa del PP a abrir esta comisión confirma la existencia de una "corrupción sistémica" que se extiende desde Almería a otros puntos de la geografía andaluza, comparando la situación con los escándalos urbanísticos de la Costa del Sol.
En esta pinza política contra el PP también participó activamente Miren Begoñe Iza, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, quien no dudó en calificar a los implicados como "gentuza corrupta" y "pandilla de indecentes". Iza recordó que el auto judicial del pasado 2 de enero apunta a una "dinámica de funcionamiento" irregular en la Diputación de Almería, institucionalizando el amaño de contratos. La diputada puso el foco en que la Junta mantiene licitaciones activas con empresas investigadas como Talleres y Grúas González y Albaida Infraestructuras, y cargó contra la hipocresía de quienes, presentándose como "gente de orden", escondían en sus domicilios armas, obras de arte y miles de euros en metálico mientras la ciudadanía cumplía con el confinamiento.
Su intervención, cargada de reproches morales, encontró un eco inesperado en la bancada de Vox, consolidando un frente común de la oposición que exige que el presidente de la Junta dé explicaciones sobre por qué el dinero destinado a la reactivación económica de Almería acabó presuntamente en los bolsillos de dirigentes de su propio partido.
Frente a este bloque monolítico que unió a la derecha radical con la izquierda, el diputado almeriense del PP, Juan José Salvador, se quedó solo en el estrado intentando defender la posición de su grupo desde una perspectiva estrictamente jurídica e institucional. Salvador, quien compareció apelando a su doble condición de parlamentario y diputado por Almería, criticó la "violencia" de los ataques recibidos y argumentó que la creación de una comisión de investigación es improcedente al existir ya una causa judicial abierta en la que todos los partidos proponentes están personados como acusación popular.
El representante popular sostuvo que el Parlamento no puede convertirse en un "escenario de construcción de relatos" ni en un tribunal paralelo que interfiera en la labor de la Justicia, recordando que la oposición tiene acceso total a los expedientes judiciales y capacidad para solicitar diligencias sin necesidad de instrumentalizar la Cámara autonómica para generar "ruido mediático". Sin embargo, su llamada a la prudencia y al respeto a los tiempos judiciales quedó ahogada por el clamor unánime de una oposición que, por un día, unió a Vox y a la izquierda en una cruzada común contra la corrupción en Almería.