El Ministerio Fiscal ha formalizado su escrito de acusación contra el administrador único de la agencia 'Viajes Alborán', ubicada en las inmediaciones del puerto de Almería, solicitando una pena de cuatro años de cárcel. Se le atribuye un delito continuado de estafa que habría afectado a más de 60 clientes, quienes descubrieron de la peor manera posible —en el mostrador de facturación del aeropuerto— que los billetes pagados para viajar a países como Colombia, Ecuador o Perú nunca llegaron a ser emitidos por la empresa.
Según el relato provisional de la acusación, el procesado mantuvo una operativa fraudulenta de forma sostenida entre principios de 2023 y finales de 2024. Valiéndose de la solera de un negocio fundado en 1993 y de la confianza que los clientes depositaban en él como rostro visible del establecimiento, el acusado habría cobrado importantes sumas por paquetes vacacionales y pasajes internacionales con un claro "ánimo defraudatorio". La Fiscalía sostiene que el responsable aparentó una solvencia económica inexistente para obtener beneficios ilícitos, dejando un agujero total de 180.690 euros.
El grueso de los afectados corresponde a ciudadanos de origen extranjero con recursos limitados que habían ahorrado durante meses para pasar las navidades en sus países de origen. Familias enteras llegaron a desembolsar hasta 5.000 euros para trayectos a destinos como Venezuela, Argentina, República Dominicana o Senegal, solo para encontrarse con que no figuraban en las listas de pasajeros al llegar a la terminal. Mientras algunos perdieron sus ahorros y se quedaron en tierra, otros se vieron obligados a pagar un segundo billete "in situ" para no perder sus vacaciones o el reencuentro con sus allegados.
El fraude no solo afectó a vuelos transatlánticos; la investigación recoge casos de viajes de regalo a Viena que resultaron ser papel mojado, cruceros por el Mediterráneo inexistentes y tours por Egipto o la India que jamás se gestionaron. Incluso trayectos nacionales a ciudades como Madrid, Melilla o Santiago de Compostela formaron parte de esta red de servicios cobrados pero no prestados.
A pesar de la gravedad de los hechos, la fiscal ha incluido una atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ha devuelto 50.000 euros a uno de los perjudicados principales, un intermediario que llegó a ser estafado con cerca de 77.000 euros y que representaba a otros 21 usuarios. Por otro lado, la justicia ha exculpado a la hermana del procesado, quien inicialmente fue investigada por su vinculación previa al negocio familiar situado en la calle Reina Regente de la capital almeriense.
El escándalo estalló definitivamente en noviembre de 2024, cuando la agencia cerró sus puertas por sorpresa, dejando un escueto cartel de "cierre temporal" y un correo electrónico sin respuesta. Este cese de actividad motivó que la Junta de Andalucía tramitara la baja de la empresa y abriera un expediente sancionador que, por el momento, permanece suspendido a la espera de que la vía penal determine la responsabilidad final del gestor de la agencia.