Dice un viejo refrán que para conocer a alguien no hay que escuchar lo que dice de sí mismo, sino observar qué proyecta en los demás. En la jungla de moqueta del Congreso de los Diputados, donde el aire está más viciado que el de un invernadero sin ventilación, se acaba de producir un fenómeno digno de estudio sociológico. El pasado 12 de febrero, la mayoría del arco parlamentario —PSOE, PP, Vox, PNV y Junts— dio luz verde a una reforma del Código Penal para endurecer las penas contra la multirreincidencia.
La noticia, que debería ser música para los oídos de cualquier ciudadano que prefiera conservar su móvil en el bolsillo y su tranquilidad en la cuenta bancaria, ha provocado un ataque de urticaria en Sumar (socio en el Gobierno del PSOE) y sus satélites. Según estos adalides de la moralidad superior, castigar con más dureza a quien roba terminales móviles o se dedica al «petaqueo» (el suministro logístico a las narcolanchas, tan presente en las costas de Andalucía) es, agárrense, un gesto «racista».
Para que una ley que castiga el delito independientemente del código postal o el árbol genealógico sea calificada de racista, quien lo afirma debe tener una premisa interna muy oscura: dar por sentado que esos delitos los cometen, casi en exclusiva, personas de una determinada raza o procedencia. Si usted cree que perseguir al que roba veinte veces al mes objetos valorados en menos de 400 euros para no tener pena de prisión si lo cogen, es perseguir a un colectivo vulnerable, el que tiene el prejuicio tatuado en la frente es usted. Es el racismo de los que se creen antirracistas; una suerte de paternalismo rancio que asocia la delincuencia a la marginalidad extranjera con una alegría que firmaría cualquier ultraderechista en un día inspirado.
Además, algunos de estos grupos políticos aseguran que ésto es mano duran con el vulnerable, mientras a los poderosos se les permite todo... en fin, ya sabemos dónde acabó el yerno del Jefe del Estado, o el todopoderoso Rodrigo Rato, o el tesorero Luis Bárcenas, o el ministro José Barrionuevo. y su camarilla, o Ábalos y los que bailaban a su alrededor, o Cerdán... ¿que deberían ser más? como también deberían ser más los descuideros en prisión ¡todos los delincuentes!
Pero no es ese el único caso de racismo de los antirracistas. Ha pasado también con el proceso de regularización de inmigrantes.
Mientras en Madrid se pierden en estas disquisiciones de salón, en la provincia de Almería la realidad es tozuda y no entiende de ideologías de diseño. Aquí, las organizaciones agrarias como COAG o UPA llevan tiempo pidiendo sensatez. No es por caridad cristiana, sino por pura supervivencia económica: falta mano de obra. La lógica de estas asociaciones es aplastante: antes de organizar viajes transoceánicos para traer trabajadores, regularicemos a los que ya están aquí, doblando el lomo bajo el plástico y demostrando que han venido a ganarse la vida.
Pero claro, aquí chocamos con los dos extremos de la pinza. Por un lado, la derecha que agita el fantasma del «efecto llamada» como si los migrantes consultaran el Boletín Oficial del Estado antes de jugarse la vida en una patera. Por otro, una izquierda que, en el proceso de regularización extraordinaria de esas 500.000 personas que se tramita en el Estado, parece empeñada en no distinguir el grano de la paja.
¿Por qué ese empeño del entorno de Sumar y del PSOE en rebajar al mínimo la exigencia de carecer de antecedentes penales? Equiparar a la inmensa mayoría de inmigrantes honrados, que solo buscan un contrato y una vida digna en municipios como El Ejido o Vícar, con aquellos que vienen huyendo de la justicia de sus países o que han hecho de la reincidencia su modus vivendi aquí, es el mayor insulto que se les puede hacer. Es, de nuevo, una forma de xenofobia inversa: considerar que pedirle a un extranjero que sea una persona de bien es pedirle demasiado.
Al final, los extremos se tocan en el mismo punto de soberbia. Unos los rechazan a todos por sistema, y los otros los protegen a todos por sistema, incluso a los que delinquen, como si el origen justificara el delito o como si no hubiera extranjeros capaces de cumplir la ley.