El Ministerio de Hacienda ha estimado que el total de los pagos realizados por las empresas gasísticas en el contexto del denominado 'caso Montoro' asciende a casi 1 millón de euros. Esta cifra corresponde a transacciones efectuadas entre los años 2011 y 2019.
En este caso, Santos Cerdán ha manifestado su desacuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO), acusándola de emitir afirmaciones que considera falsas. Según Cerdán, estas alegaciones no podrán ser respaldadas con pruebas concretas.
Las investigaciones han llevado a la localización de numerosos cheques que hasta ahora eran desconocidos. Este hallazgo ha generado un interés considerable en torno a las actividades financieras de las gasísticas durante el periodo mencionado.
La situación ha suscitado un debate sobre la transparencia y la regulación en el sector energético, así como sobre las implicaciones legales que podrían derivarse de estas revelaciones.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, diferentes actores dentro del ámbito político y económico están atentos a cómo se desenvuelven las indagaciones. La relevancia de este caso radica no solo en las cifras presentadas, sino también en la posible repercusión que tendrá sobre la confianza pública en las instituciones encargadas de supervisar el sector.
En conclusión, el 'caso Montoro' continúa siendo objeto de análisis y discusión, mientras se espera que se esclarezcan los detalles relacionados con los pagos y las acusaciones formuladas por Santos Cerdán contra la UCO.