El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo en la lucha contra las estructuras de apoyo al tráfico de drogas, una medida que impactará directamente en la vigilancia de las costas de Almería y el resto del litoral andaluz. La aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia, respaldada de forma mayoritaria por los principales grupos parlamentarios, tipifica finalmente como delito penal el suministro de gasolina a las narcolanchas, una práctica logística conocida como 'petaqueo' que hasta ahora se saldaba mayoritariamente con sanciones administrativas.
Francisco Mena, presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma Alternativas, ha calificado de "acertada" esta reforma, subrayando que era una reivindicación histórica de los colectivos sociales y de la propia Fiscalía Antidroga de Andalucía. El activista destaca que, aunque los transportistas de combustible no siempre son narcotraficantes directos, su labor es la que "hace posible que se favorezca el narcotráfico", especialmente en un momento en el que las rutas se han diversificado hacia el levante.
La necesidad de esta ley se explica por el cambio de estrategia de las organizaciones criminales. Según ha indicado Mena, actualmente se están realizando trayectos mucho más largos que requieren repostajes constantes en alta mar, lo que ha trasladado gran parte de la actividad de alijo a provincias como Almería o Granada. Este fenómeno ha provocado que, en muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad incauten más volumen de combustible que de sustancias estupefacientes, evidenciando una frenética actividad logística en la zona.
La nueva normativa no persigue el transporte doméstico de combustible, sino los grandes almacenamientos en naves o viviendas y el traslado masivo de miles de litros. "Además de favorecer el narcotráfico, están poniendo en riesgo a las personas que viven en su entorno", ha advertido Mena, señalando también el grave perjuicio ecológico que supone el abandono de bidones con residuos en playas y aguas protegidas.
Desde el Ministerio del Interior han resaltado que esta ley establece penas de prisión de entre tres y cinco años para quienes almacenen o suministren estos líquidos fuera de la legalidad, siempre que se genere un riesgo para la vida o el medio ambiente. Con este cambio legal se cierran los resquicios que permitían a los responsables eludir la cárcel, reforzando la prohibición de las embarcaciones rápidas que ya rige desde 2018.
| Concepto | Marco Legal Anterior | Nueva Ley (2026) |
| Calificación jurídica | Infracción administrativa (Ley de Contrabando). | Delito Penal (Código Penal). |
| Consecuencia principal | Multas económicas e incautación del material. | Penas de prisión de 3 a 5 años. |
| Antecedentes | No generaba antecedentes penales. | Computa para multirreincidencia. |
| Riesgo asociado | Se trataba como transporte irregular de mercancía. | Se tipifica por el riesgo para la vida y el entorno. |
| Impacto logístico | Considerado "gasto de explotación" por las mafias. | Bloqueo operativo de la red de suministro. |
Vigilancia en Naves y Viviendas: La policía podrá actuar con mayor contundencia contra el almacenamiento masivo en zonas urbanas y polígonos industriales de Almería, donde el acopio de miles de litros de gasolina supone un peligro de explosión para los vecinos.
Delito Medioambiental: La nueva ley pone el foco en el vertido de garrafas al mar, una práctica habitual cuando los "petaqueros" huyen de las patrulleras, contaminando las aguas y playas de la provincia.
Sin resquicios legales: Se acaba con la interpretación dispar de los juzgados; ahora el transporte de combustible para abastecer a las narcolanchas es un delito definido y perseguible sin ambigüedades.