No me gusta repetirme, pero viendo los resultados que auguran las encuestas, confirmados por los de las elecciones extremeñas y aragonesas, las negociaciones para repartirse consejerías, presupuestos y poder, y la división de unos y las capitulaciones ante las exigencias de los otros, cada vez me preocupa más el cambio de régimen que se nos avecina, porque esto va más allá de un cambio de ciclo político. Espero se imponga la cordura y nos podamos ahorrar este nuevo retroceso y bochorno para la historia de España.
Uno de los grandes cambios que harían nada más llegar al Gobierno, no tengo ninguna duda, sería en materia de educación, porque a estos patriotas nostálgicos, amantes de lo vintage, del blanco y negro, de lucir camisas nuevas cantando cara al sol, lo de una escuela pública, gratuita, libre, laica, inclusiva, diversa, participativa y de calidad, les produce urticaria y arcadas.
Hemos visto cómo lo han hecho muy tímidamente donde han tenido ocasión, como en Valencia y en Murcia con el pin parental. Si no lo evitamos, volveremos al rezo diario ante el crucifijo y la foto del rey encima de la pizarra, a la separación por sexo y billetera, y a una formación dogmática e ideológica alejada de la realidad.
Por desgracia, no sería nada nuevo, se ha hecho a lo largo de la historia y en todos los países del mundo cuando se ha producido un cambio de régimen, y sin él. En nuestro país, desde 1970, cuando se introdujo la EGB, hemos cambiado ocho veces de modelo educativo. Esa inestabilidad ha dado como resultado que nuestros jóvenes estén muy por debajo de la media europea en cuanto a conocimientos académicos, aunque seamos uno de los países con más titulados.
Una de las grandes prioridades que tendríamos que tener como país es firmar un pacto de Estado en educación que garantice la estabilidad del sistema y que nuestros hijos se eduquen en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades, recursos y herramientas, sin importar el sexo, la raza, la religión, el lugar de nacimiento, dónde vivan o la economía de sus progenitores.
No podemos estar a expensas de las siglas políticas que lleguen al poder, ni tener 17 modelos diferentes en las comunidades autónomas. Tenemos que apostar por un solo modelo y considerar la educación pública gratuita como una inversión de futuro para el país, no como un gasto, e ir reduciendo los centros concertados y privados, porque cuando el dinero, el capital, la búsqueda incesante del beneficio entra, en mayor o menor medida, en la escuela, con él se cuela la desigualdad, las injusticias y el clasismo.
Tenemos que reestructurar el sistema universitario para que nuestros maestros y profesores sean los mejor preparados, tengan los mejores recursos, se dediquen exclusivamente a enseñar y devolverles el respeto, la confianza, la autoridad, el estatus y el prestigio social que tuvieron.
La educación pública, de todos para todos, es la única manera fiable de garantizar el estado de bienestar del que somos envidiados en el resto del mundo, de cambiar el rumbo de un país, los cimientos sólidos sobre los que edificar el futuro para construir un mundo más justo, igualitario y sostenible, para formar personas comprometidas con el bien común, libres, con espíritu crítico, participativas y capaces de adaptarse a las adversidades y a los grandes y veloces retos que la tecnología y el cambio global nos van a deparar.
Es nuestra obligación defenderla, mejorarla, fortalecerla y adaptarla a los nuevos tiempos que vivimos, pero siempre pública, gratuita, libre, laica, inclusiva, diversa, participativa y de calidad.