El mercado de trabajo en Almería concluyó el ejercicio de 2025 con un balance de 1.530 empleados vinculados a expedientes de regulación de empleo, una cifra que sitúa a la provincia en la zona media-alta de la incidencia laboral en la región. Según los indicadores oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el escenario autonómico, bajo el ámbito de la Junta de Andalucía, muestra una tendencia contradictoria: mientras el número total de personas implicadas en estos procesos disminuyó notablemente, los despidos definitivos ganaron terreno frente a las medidas temporales.
En el conjunto del territorio andaluz, el volumen de trabajadores que pasaron por un ERE —contabilizando extinciones de contrato, reducciones de jornada y suspensiones— se redujo un 30,25% respecto al año anterior, afectando a un total de 10.193 personas. Sin embargo, tras este alivio estadístico se esconde un incremento en la severidad de las medidas, ya que los despidos colectivos crecieron en 346 afectados hasta alcanzar los 4.085 casos anuales. Por el contrario, las alternativas de flexibilidad interna perdieron fuerza de forma drástica, con un desplome del 66,8% en las reducciones de horario y una caída cercana al 40% en las suspensiones de contratos.
El mapa de la inestabilidad laboral por provincias sitúa a Cádiz a la cabeza con más de 4.500 afectados, seguida por los núcleos industriales y de servicios de Málaga y Sevilla. Almería, con sus más de mil quinientos operarios en regulación, precede a Jaén, Córdoba, Huelva y Granada, esta última con las cifras más bajas de la comunidad. Esta distribución refleja un año de ajustes profundos en sectores clave que también se ha dejado sentir con fuerza en el resto del país.
A nivel nacional, el último mes del año fue especialmente crudo para el sector servicios, donde los despidos colectivos se dispararon un 140%. Aunque el volumen total de afectados en diciembre cayó casi a la mitad en comparación con el mismo mes de 2024, el fin de año estuvo marcado por una dualidad evidente: mientras la industria y la construcción lograron reducir el impacto de las suspensiones temporales, el sector terciario concentró el grueso de las extinciones definitivas. Cataluña y Madrid lideraron el ranking nacional por volumen de trabajadores, aunque fue Asturias la que protagonizó el salto más alarmante al multiplicar exponencialmente sus cifras en el tramo final del año.
La mayoría de estos procedimientos en España se debieron a causas económicas, técnicas u organizativas, dejando las situaciones de fuerza mayor como un fenómeno residual que apenas afectó a un 4,6% de la plantilla nacional en regulación. Este escenario confirma un cambio de ciclo en la gestión de las crisis empresariales, donde la extinción de la relación laboral ha empezado a ganar la partida a la flexibilidad horaria que predominó en periodos anteriores.