La provincia de Almería enfrenta una situación crítica en materia de seguridad ciudadana que ha movilizado a cargos públicos y representantes municipales. El PP ha denunciado formalmente una reducción neta de 105 efectivos de la guardia civil desde que se produjo el cambio en el Gobierno central, una carencia que está impactando con especial dureza en las pequeñas localidades del interior almeriense.
En un encuentro de trabajo mantenido en Alhabia, los parlamentarios nacionales Maribel S. Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella han analizado la creciente preocupación vecinal junto a los alcaldes de la zona. Entre los asistentes se encontraban los regidores de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez; Alboloduy, Sonia Guil; Santa Cruz de Marchena, Elena Tijeras; y el concejal de Canjáyar, Miguel Vidaña. Todos coincidieron en señalar un repunte de la delincuencia y una sensación de desprotección que califican de insostenible.
Luis Martínez, alcalde de Alhabia, ha lamentado la ausencia prolongada de patrullas en las calles, criticando que el Ejecutivo central mantenga en la marginalidad a los núcleos rurales de menor población. Por su parte, desde Alhama de Almería y Alboloduy se ha hecho hincapié en el incremento constante de los robos, instando al Ministerio del Interior a que refuerce la dotación de agentes en las comarcas del Andarax y la Alpujarra. Los ediles compararon irónicamente la seguridad privada de la que gozan los altos cargos gubernamentales con la indefensión que sufren sus vecinos.
Las cifras aportadas por el PP reflejan un deterioro en la ratio de protección. Según Maribel S. Torregrosa, mientras que en 2018 existía un agente por cada 483 habitantes, la cifra ha empeorado hasta situarse en un guardia por cada 517 ciudadanos a finales de 2024. Este desfase implica que, para mantener la cobertura de hace siete años, la provincia debería contar hoy con 1.600 agentes en activo, frente a los 1.495 actuales. La diputada ha exigido al subdelegado del Gobierno que abandone su gestión de despacho y atienda las demandas de unos alcaldes que se sienten ignorados por el PSOE.
El balance de criminalidad en la provincia también arroja datos alarmantes. Los informes indican que delitos graves como el homicidio doloso han experimentado un crecimiento del 200% respecto a 2017, mientras que los robos con violencia y las agresiones sexuales también muestran curvas ascendentes muy preocupantes. Ante este escenario, los representantes populares insisten en que la seguridad en el ámbito rural solo se recuperará con una inversión real en medios materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.