Una exhaustiva investigación de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización delictiva asentada en la provincia de Almería que había convertido el padrón municipal en un negocio ilegal. Los implicados, que operaban principalmente en las localidades de El Ejido y Vícar, llegaban a solicitar hasta 1.200 euros a ciudadanos de origen extranjero por inscribirlos de manera fraudulenta en domicilios donde jamás llegarían a residir. Este mecanismo permitía a los solicitantes simular un arraigo o cumplir requisitos administrativos para acceder a prestaciones sociales y regularizar su situación legal en territorio español.
El operativo policial, que se ha saldado con la detención de siete personas, puso al descubierto un sofisticado sistema de captación y gestión. La trama no solo se aprovechaba de la necesidad de los migrantes, sino que contaba con una red de colaboradores que aportaban sus propias viviendas para facilitar el engaño. Según han detallado las autoridades, los precios por estas gestiones ilícitas oscilaban en función de la urgencia y el tipo de trámite que el cliente necesitara solventar ante la administración.
La investigación de la Policía Nacional se inició tras detectar una anomalía en el flujo de solicitudes de alta en el padrón de ciertos inmuebles, cuya capacidad de habitabilidad era ínfima en comparación con el número de personas registradas. Tras meses de seguimientos y comprobaciones sobre el terreno, los agentes confirmaron que estas viviendas funcionaban como meros buzones administrativos. Los propietarios de los inmuebles recibían una parte del dinero cobrado a los migrantes a cambio de estampar su firma en los documentos de autorización necesarios para la Junta de Andalucía y los ayuntamientos correspondientes.
A los arrestados se les imputan delitos graves como el favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Durante los registros efectuados en el marco de la operación, los agentes han intervenido numerosa documentación y soportes digitales que demuestran la sistemática con la que operaba el grupo. Además de las detenciones, la policía trabaja ahora en la revisión de cientos de expedientes para proceder a la baja de oficio de estos empadronamientos fraudulentos en Almería y sus municipios limítrofes.
Este golpe policial supone un freno a una de las vías más comunes de fraude administrativo en la comarca del Poniente. La Policía Nacional mantiene la vigilancia abierta ante la sospecha de que otras células menores puedan estar replicando este modelo de negocio en puntos como Roquetas de Mar o Adra, donde la presión migratoria y la demanda de regularización son constantes. Las autoridades insisten en que estas prácticas no solo vulneran la ley, sino que distorsionan las estadísticas locales y el acceso real a los servicios públicos de quienes sí residen en la zona.