La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a la ciberdelincuencia en la provincia de Almería tras culminar una investigación que ha puesto al descubierto una trama de estafa y suplantación de identidad. La operación se ha saldado con dos personas investigadas, acusadas de utilizar de forma fraudulenta la documentación de un ciudadano para operar en diversas plataformas de apuestas en internet, generando unos beneficios ilícitos que superan los 46.000 euros.
El caso comenzó a ver la luz a finales de agosto del pasado año, cuando la víctima interpuso una denuncia tras sufrir una sorpresa mayúscula ante la Agencia Tributaria. Al acudir a realizar los trámites de su declaración de la Renta, el afectado observó que constaban a su nombre unos rendimientos económicos cuantiosos derivados del juego que, lógicamente, nunca habían pasado por sus manos. Este descuadre fiscal fue el hilo del que tiraron los especialistas de la Guardia Civil para desentramar el engaño.
Las pesquisas, lideradas por los equipos de investigación de la compañía de Huércal-Overa, determinaron que los presuntos autores se hicieron con los datos personales del denunciante para abrir hasta ocho cuentas distintas en portales de juego. Para dar apariencia de legalidad a los movimientos y cobrar los premios, emplearon diversos métodos de pago electrónico vinculados a la identidad usurpada, logrando así evadir los controles iniciales de las operadoras.
Se da la circunstancia de que los implicados no son novatos en estas lides, ya que ambos poseen antecedentes por hechos de naturaleza similar. De hecho, uno de los investigados se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena por otros delitos. En esta ocasión, la autoridad judicial ya dispone de las diligencias instruidas por presuntos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Desde la comandancia de Almería han aprovechado este suceso para insistir en la importancia de proteger la información personal. Recomiendan encarecidamente no enviar copias del DNI a través de canales que no sean estrictamente seguros, así como revisar de forma periódica tanto los extractos bancarios como los datos fiscales para detectar a tiempo cualquier anomalía. Ante la sospecha de un uso indebido de los datos, la rapidez en la denuncia ante la Policía Nacional o la Benemérita resulta crucial para frenar el perjuicio económico.