El Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial la declaración de las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 como Lugar de Memoria Democrática, un hito que pone en valor la firme respuesta de la sociedad civil almeriense tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero. Esta resolución administrativa cuenta con un profundo calado para la provincia, ya que ha sido firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien es una figura central de la política local al ser socialista almeriense, exalcalde de la capital y actual presidente del PSOE en la ciudad de Almería. Martínez López, reconocido especialista en el estudio y divulgación de la memoria histórica, rubrica así un documento que reconoce la importancia de la movilización ciudadana frente a la amenaza de los tanques y el asalto al Congreso.
El origen de esta declaración se asienta en la necesidad de recordar la reacción popular masiva que se produjo apenas cuatro días después de que el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, secuestrara al Gobierno y al Parlamento en lo que fue el último gran intento de alterar la Constitución de 1978 y el proceso de Transición en el Estado español. Tras la incertidumbre generada por la acción golpista, que incluyó la salida de tropas a la calle en Valencia bajo el mando de Milans del Bosch, y una vez evidenciado el fracaso de la rebelión tras la intervención televisiva de Juan Carlos I, la ciudadanía decidió tomar las calles para defender de forma pacífica y reivindicativa la convivencia democrática. En este contexto histórico, Almería tuvo un papel protagonista al registrar una concentración de 10.000 personas que se sumaron al clamor por la libertad, una cifra significativa que muestra el compromiso de la población almeriense con los valores constitucionales frente a quienes pretendían regresar a los tiempos de la dictadura.
La resolución destaca que el 27 de febrero de 1981 fue una jornada memorable y una expresión simbólica de la resistencia de la inmensa mayoría del pueblo español contra aquellos que planeaban paralizar la transformación iniciada tras la muerte de Francisco Franco. Por su valor inmaterial y su trascendencia para el futuro democrático, estas manifestaciones han sido elevadas a la categoría de Lugar de Memoria conforme a la ley vigente, lo que implica la puesta en marcha de medidas específicas para que estos hechos no caigan en el olvido. En concreto, la Administración impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos, además de promover la instalación de placas, paneles y distintivos memoriales en los puntos clave de las movilizaciones, incluyendo señalizaciones que faciliten el conocimiento público de estos acontecimientos en ciudades como Almería.
El acuerdo firmado por el almeriense Fernando Martínez López también establece que el Portal web de la Secretaría de Estado recogerá fichas con material gráfico y audiovisual para recordar el fervor patriótico y cívico con el que se defendieron los derechos fundamentales. Asimismo, se desarrollarán mecanismos institucionales para integrar este reconocimiento en circuitos internacionales de memoria democrática, asegurando que la respuesta de los 10.000 almerienses y del resto de ciudadanos del Estado español sea estudiada como un ejemplo de defensa de la libertad frente a la involución. Esta declaración, que ya es efectiva tras su publicación en el BOE, garantiza que el espíritu de resistencia nacido tras el 23F permanezca vivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el último gran intento de alterar la consolidación de la Transición española y la Constitución de 1978. La dimisión del presidente Adolfo Suárez en enero de 1981 y la celebración de la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en febrero, precipitó un golpe con grandes lagunas en lo referido a la organización, el programa y el seguimiento, de los golpistas, cuya confianza en la propagación de la rebelión resultó errónea.
Con motivo de la segunda votación de investidura, la primera fue el día 19 de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero secuestró al Gobierno y al Congreso de los Diputados, acción que fue acompañada por el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, que sacó las tropas a la calle en espera de ser imitado por el resto de las capitanías generales para forzar la creación de un gobierno presidido por el general Alfonso Armada. Conforme transcurrieron las horas se hizo evidente el fracaso de los golpistas, especialmente tras la aparición del Rey Juan Carlos I en televisión defendiendo el orden constitucional.
El golpe no tuvo seguimiento entre los componentes de las fuerzas armadas, ni tampoco en la esfera social, donde una mezcla de miedo, expectación y serena responsabilidad fue la sensación general. Tras la entrada de Tejero en el Congreso, retransmitida en directo por la radio, las calles quedaron vacías y la ciudadanía se mantuvo expectante siguiendo el desarrollo de los acontecimientos a través de la prensa y la radio que no se vieron afectadas de manera directa. A ello se sumaron los líderes de los partidos políticos que no habían sido secuestrados por no ser diputados o por no encontrarse en el Congreso.
Ante el vacío de poder se constituyó un Gobierno en funciones formado por los Secretarios de Estado y Subsecretarios, ocupando Francisco Laína, a la sazón Director General de la Seguridad del Estado, la dirección de ese organismo provisional. A las pocas horas, representantes de los principales partidos políticos del arco parlamentario se reunieron en el Ministerio del Interior con Laína, quien les pidió que elaboraran una declaración que contuviera cualquier tipo de movilización popular a la espera del fracaso del golpe.
Tras el fracaso del golpe de Estado se convocaron manifestaciones en defensa de la democracia y la Constitución para el 27 de febrero de 1981. La práctica totalidad de las fuerzas políticas convocaron a los españoles a manifestarse en defensa de los valores democráticos, de la convivencia pacífica y de la Constitución con norma fundamental para organizar la vida política. A dicha convocatoria se le sumaron cientos de corporaciones municipales, asociaciones vecinales y sindicales, artistas, intelectuales y un sinfín de colectivos que no iban a permitir desandar lo conseguido desde 1975.
El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván animó a asistir a la manifestación «con el fin de mostrar cuánto es su fervor patriótico y apasionamiento porque la capital de España sea ejemplo del libre ejercicio de los derechos cívicos, según las normas constitucionales y los principios democráticos que tanto esfuerzo ha costado llevar a la práctica». La manifestación en Madrid fue convocada por la UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista y fue seguida, bajo el lema «Por la libertad, la democracia y la Constitución» por un millón y medio de personas. Los medios de comunicación dieron fe de la masiva afluencia en las manifestaciones convocadas en todos los rincones de España: en Barcelona doscientos cincuenta mil fueron los manifestantes; doscientos mil en Valencia; cien mil en Sevilla, Zaragoza y Oviedo, cincuenta mil, Alicante y Granada y Murcia o treinta mil en Valladolid, A Coruña y Málaga. En ciudades más pequeñas, como Almería, se concentraron diez mil personas, en Salamanca nueve mil o en Cáceres alrededor de ocho mil.
En la práctica totalidad de las capitales de provincia, se celebraron manifestaciones más o menos multitudinarias. La reacción popular en repulsa por el intento de golpe de Estado se desarrolló de forma pacífica, masiva y reivindicativa.
El 27 de febrero de 1981 fue una jornada memorable, expresión simbólica de la resistencia y voluntad democrática de la inmensa mayoría del pueblo español contra aquellos que planeaban volver a los tiempos de la dictadura o, al menos, paralizar el proceso de transformación que el pueblo español había iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco, ratificado con su voto masivo en favor de la Constitución democrática de 1978.
Por su valor simbólico, por su masivo seguimiento ciudadano, por su carácter plenamente democrático e inmaterial, y por su profunda trascendencia para el futuro democrático de nuestro país, las manifestaciones del 27 de febrero de 1981, convocadas en toda España bajo el lema «Por la libertad, la democracia y la Constitución» merecen ser declaradas Lugar Inmaterial de Memoria Democrática.