El sector agrícola de Almería ha alzado la voz para solicitar una revisión profunda en el planteamiento de las subvenciones gubernamentales destinadas a paliar los efectos de los recientes fenómenos meteorológicos. Aunque desde el ámbito agrario se reconoce la rapidez con la que se ha tramitado el paquete de apoyo económico, existe un malestar evidente por la falta de diálogo previo, lo que ha derivado en un diseño que consideran impreciso y alejado de las necesidades reales de las explotaciones que han sufrido daños más severos.
Uno de los puntos de mayor fricción se encuentra en la demarcación geográfica de los beneficiarios. Resulta especialmente alarmante la ausencia de la comarca de Los Vélez en el listado de zonas receptoras de fondos del Real Decreto-ley 5/2026. Esta omisión ha sido calificada como un error grave, dado el fuerte impacto que el temporal tuvo en los cultivos y explotaciones ganaderas de esta zona del norte provincial. Por ello, ya se han iniciado los trámites formales ante la Subdelegación del Gobierno para corregir esta situación y asegurar que los profesionales de municipios como Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Chirivel o María no queden desamparados.
El actual modelo de adjudicación se basa estrictamente en el término municipal y en la inscripción en registros oficiales como el REAFA o el REGA. Sin embargo, los representantes del sector advierten que este método no asegura que el dinero llegue con prioridad a quienes han perdido su capacidad de producción. En palabras de los portavoces agrarios de la provincia, “aunque son unas medidas muy importantes, no están bien diseñadas”, ya que el enfoque territorial no discrimina entre el grado de afectación real de cada parcela.
Ante este escenario, se ha hecho un llamamiento directo a la Junta de Andalucía para que, en sus próximas líneas de actuación, priorice la financiación urgente de aquellas fincas que necesiten recuperar su actividad productiva de forma inmediata. La vulnerabilidad del modelo agrícola almeriense frente al cambio climático exige, según los expertos, una interlocución más fluida entre la administración y los productores para ajustar los recursos a los problemas técnicos y económicos que surgen a pie de campo.
Por el momento, el plan estatal prevé cuantías que pueden alcanzar los 25.000 euros por explotación, gestionándose de forma automática para aquellos que cumplan los requisitos registrales. No obstante, las organizaciones agrarias mantendrán activos sus servicios de asesoría en Almería para resolver las dudas de los agricultores y garantizar que nadie pierda su derecho a compensación por fallos burocráticos o falta de información.