Cuando la seguridad del Estado se subordina a la supervivencia política
El marino rompe un silencio espeso:
—El espionaje con Pegasus, en 2021, al teléfono de Pedro Sánchez —comenta el marino con aire severo— es un delito que erosiona la soberanía del Estado, un atentado a la seguridad nacional de una intervención extranjera. Un tema ya sabido, aunque minimizado y superado por los innumerables conflictos del gobierno, por lo que no se le ha dado la importancia y trascendencia que tiene.
Hablamos de la extracción efectiva de 2,57 Gb de información, con un ataque denominado «zero-click» —sin intervención del usuario—; un procedimiento sofisticado solo al alcance de servicios de inteligencia estatales.
El gobierno de Sánchez lo ocultó hasta mayo del 2022, que lo reconoció públicamente, pero siguiendo las prácticas habituales, sin comparecencia tras detectarlo, sin informar al Parlamento, sin un debate sobre la seguridad nacional.
Continua la profesora:
—Evidentemente, cuando un jefe de Gobierno es espiado no es una anécdota, es una brecha en el núcleo del poder y del estado; máxime cuando todas las investigaciones técnicas independientes apuntaron con fuerza hacia Marruecos.
No es una teoría conspiranoica, sino una hipótesis reiterada en esos análisis internacionales y geoestratégicos y, aunque no exista sentencia judicial, la sospecha es suficiente para exigir una respuesta contundente y adoptar medidas con la máxima transparencia.
Lejos de esto, en 2022, Marruecos hizo pública una carta de Sánchez —con una autoría dudosa—, por la que apoyaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Un cambio histórico en la política española, de las resoluciones de la ONU y contraria al derecho de autodeterminación. Una vez más, sin debate público, sin consenso político, ni explicación al Parlamento o a la jefatura del Estado.
La secuencia temporal es inquietante y muy peligrosa: Espionaje-Negociaciones secretas-Giro de política de Estado. Todo en absoluta impunidad y secretismo. La imagen que se proyectó y se mantiene, es la de un chantaje y de extrema sumisión a Marruecos.
El viejo marino añade:
—El problema no es sólo el Sáhara, es el precedente, la debilidad como país y constatar que, unilateralmente, un presidente pueda alterar una posición histórica sin consultar al Parlamento y a los estamentos del Estado. Esto es incompatible con una democracia madura.
El caso no termina ahí, en mayo de 2021, Marruecos provocó una entrada irregular de más de 10.000 personas en Ceuta, en apenas 48 horas y que, las fronteras de Ceuta y Melilla —a pesar de las declaraciones del gobierno—, siguen sin regularizarse, mientras Rabat reivindica su soberanía.
En medio de este escenario, para más inri, Sánchez refuerza su cooperación con Marruecos y participa financiando con 750 millones el tren de alta velocidad Al Boraq —Tánger y Casablanca—, aunque lo desmienta la vicepresidenta Montero, es un crédito reembolsable del Fondo para Internacionalización de la Empresa (FIEM) o los 60 millones entregados, 2021-2022, como subvención desde el ministerio de Marlaska. Suma y sigue.
En ese afán de «transparencia» gubernamental, sería interesante conocer los plazos de devolución del crédito, el tipo de interés y su cumplimiento, porque, de momento, los trenes los aporta la francesa Alstom.
Se puede seguir, pero sólo esto abre una pregunta inquietante: ¿Hemos cedido nuestra posición estratégica a cambio de ocultar el resultado del espionaje al teléfono de Sánchez?
Comenta la profesora:
—Esto explicaría el bandazo presidencial, que pasó de romper la norma, no escrita, de que el primer viaje al extranjero de los presidentes de Gobierno era a Marruecos a romper el equilibrio con Argelia, cuya relación se deterioró inmediatamente, con graves consecuencias, especialmente el acuerdo preferencial para el suministro de gas y, con ello, el encarecimiento del mix energético.
Este vaivén no es gratuito y afecta también a la defensa, las migraciones —veamos el incremento de inmigración ilegal argelina—, al comercio, la inversión o la seguridad.
Además de hacernos cada vez más irrelevantes internacionalmente, a pesar de la propaganda.
Si Sánchez es espiado y meses después adopta decisiones estratégicas favorables al país sospechoso, el daño reputacional es inevitable y aunque no haya pruebas de coacción, esta duda erosiona su credibilidad.
Además, abre muchas cuestiones, en materia de seguridad —¿qué información sensible fue extraída y qué riesgos reportan?; de transparencia —¿por qué se ocultó durante meses? y del estilo de gobernanza —¿puede un presidente decidir unilateralmente ese giro estratégico sin control?
Una actuación de este cariz supone: Cobardía, por no reaccionar con firmeza. Bellaquería por alterar una posición histórica sin rendir cuentas. Irresponsabilidad por convertir la política exterior en un instrumento de supervivencia personal. Prevaricación por tomar una decisión saltándose los poderes del Estado. Abuso de autoridad por el uso indebido de sus facultades.
España un país mediano, en la UE, no puede permitirse una política exterior oscilante y opaca, ni tomar decisiones estratégicas unilateralmente, ni proyectar esa debilidad, ni financiar proyectos sin reciprocidad.
El marino remata:
—En el fondo no es Pegasus, ni siquiera que nos hayan espiado, sino la degradación progresiva de los contrapesos democráticos y normalizar el personalismo autocrático de Sánchez para mantenerse en la Moncloa y la sospecha de que esas decisiones pudieran ser bajo chantaje.
La política exterior es política de Estado y no para la supervivencia de un político.