El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha detallado hoy, en rueda de prensa, el plan de ayudas del Gobierno de España para auxiliar a los municipios y a las zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas que ha impactado especialmente en Andalucía desde el pasado mes de diciembre y hasta mediados de este mes.
Martín ha señalado que, desde la Subdelegación del Gobierno, se informará y tramitará “con la máxima rapidez y eficacia” estas ayudas. En total, el paquete de ayudas dispuesto por el Gobierno supera los 7.000 millones de euros.
El subdelegado del Gobierno ha detallado que el plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses y que, para agilizar la tramitación, “se reforzará el personal encargado de la gestión de subvenciones”. Igualmente, en los casos en los que sea necesario, los funcionarios se desplazarán a los municipios afectados para acercar la administración a la ciudadanía mediante el servicio ‘La Administración cerca de ti’.
A finales del pasado mes de diciembre, Martín Fernández ya visitó en las pedanías de Los Guiraos y Guazamara, en Cuevas del Almanzora, las plantaciones de lechuga, brócoli y coliflor afectadas por las intensas lluvias y el granizo que habían caído en la zona en días previos.
Acompañado por el alcalde cuevano, Antonio Fernández Liria, el subdelegado del Gobierno recorrió las fincas afectadas y mantuvo un encuentro con productores para hacer una primera estimación de daños. Precisamente, en Cuevas del Almanzora, la empresa pública Tragsa va a abrir de forma inmediata una oficina en el ayuntamiento que gestionará las actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias.
Martín ha destacado la celeridad del Gobierno que la semana pasada aprobó un plan de ayudas es que familias, autónomos, empresas, agricultores y ayuntamientos afectados puedan acceder con agilidad a las ayudas aprobadas, “garantizando una respuesta eficaz ante una situación de emergencia que ha tenido un gran impacto en nuestra tierra”. También ha puesto en valor “el compromiso del Ejecutivo central de poner a disposición todos los recursos necesarios de la Administración General del Estado, así como de acompañar a los ayuntamientos durante todo el proceso de reconstrucción”.
El texto normativo incorpora un amplio paquete de medidas específicas para el sector primario, que supera los 2.800 millones de euros, destinado a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura y la ganadería. Entre ellas se incluyen ayudas directas por pérdida de renta y subvenciones adicionales a los titulares de seguros agrarios que suman 2.174 millones de euros, así como una línea de financiación con condiciones especiales que cubrirá parte del principal de los créditos y el coste de los avales para agricultores. Asimismo, los temporales se consideran causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas obligaciones, como las derivadas de la Política Agraria Común.
En Almería, un total de 44 municipios están incluidos en el anexo sobre el ámbito de aplicación de las medidas en materia agraria del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero. Son los de Antas, Bédar, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Lubrín, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique, Adra, Berja, Dalías, Enix, Felix, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Balanegra, Benahadux, Carboneras, Gádor, Huércal de Almería, Níjar, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator y término municipal de Almería capital
En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros. A ello se suma otro paquete de ayudas destinado a la reparación de cauces fluviales y costeros, así como a infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la reconstrucción de las redes de carreteras del Estado y de las infraestructuras ferroviarias dañadas.
Entre otros detalles, Martín Fernández ha explicado que el texto normativo también incluye un plan de ayudas a los ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones para actuaciones inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe.
Además, el Real Decreto-ley flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y de la Junta de Andalucía, que podrán usar su superávit de 2025, al tiempo que se amplían los plazos legales para la ejecución de las obras de reconstrucción. A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
De otra parte, la norma cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio.
En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.
Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, el Real-Decreto ley incluye medidas fiscales que tendrán un impacto de 320 millones de euros. Estas medidas contemplan exenciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y el Impuesto sobre Actividades Económicas en las zonas afectadas, así como ayudas directas a las actividades económicas, especialmente en los sectores de la hostelería y el comercio minorista.
Por otra parte, Martín ha señalado que la norma incorpora igualmente medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones. Entre ellas, la reducción de 35 a 5 las peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario. En Almería, esta medida beneficiará a unas 1.300 personas.
Otras medidas son la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.