Llega el 28 de febrero y, con la puntualidad de un reloj que solo marca horas de melancolía mal entendida, vuelven los de siempre a rescatar el viejo mantra de la traición. Aparecen con el gesto compungido, como si Almería fuera una suerte de territorio raptado por un ente maligno allá por 1980, contándonos la milonga de una voluntad violada. Como el personal parece que tiene la memoria de un pez y la capacidad de análisis de un botijo, habrá que volver a sacar la pizarra. No es por gusto, es que para cansinos ellos, cansino yo.
Empecemos por lo básico, por si alguien se perdió la clase de Historia de primero de Primaria. El referéndum del 28 de febrero de 1980 se celebró en ocho provincias. Ni en siete, ni en nueve. En ocho. Porque Almería, para disgusto de los que pretenden inventar una geografía paralela, formaba parte de la "región" andaluza desde que Javier de Burgos diseñara la división provincial del Estado en 1833. Así que, cuando se convocó a las urnas, se hizo bajo la premisa de una realidad administrativa y territorial que llevaba siglo y medio vigente. No hubo sorpresas de última hora ni anexiones de madrugada.
Pero entremos en el terreno de la comprensión lectora, esa asignatura pendiente. La pregunta que se le hizo a los habitantes de esta provincia no era si querían ser murcianos, cartagineses o una ciudad-estado independiente con puerto franco. La pregunta, literalmente, decía: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?». Dense cuenta de la trampa retórica de quienes hoy lloran: en ningún momento se preguntó sobre la identidad, sino sobre el procedimiento técnico para acceder a la autonomía. Y a eso, exactamente a eso, respondieron los almerienses.
Si hablamos de voluntad popular, no podemos olvidar que el camino hacia las urnas no fue un camino de rosas. Tuvo que ser la propia provincia de Almería la que, a través de sus representantes legítimos, empujara el carro, según establecía la ley pactada por el PSOE y la UCD, y que establecía que la consulta solo podría llevarse a cabo si la solicitaban un determinado número de ayuntamientos (recién salidos de las primeras elecciones democráticas), que representaran a un determinado número de ciudadanos. Pues bien, eso se supero con creces, ya que casi el 100% de los ayuntamientos de la provincia, gobernados entonces por UCD y del PSOE, solicitaron formalmente la celebración del referéndum. Esos concejales y alcaldes representaban a la práctica totalidad de la población. No fue una votación por la mínima... fue una goleada de las que hace historia, y fue una petición masiva desde el corazón de cada consistorio almeriense, gobernado incluso por la derecha en algún caso.
Pero hay más números, esos entes tercos que no entienden de sentimentalismos de cartón piedra. En aquel referéndum, el "Sí" obtuvo casi 120.000 votos frente a los apenas 11.000 del "No". Hagan la cuenta: el apoyo (al galimatías preguntado) fue diez veces superior al rechazo. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, establecía un listón democráticamente cuestionable: no bastaba con ganar, había que superar la mitad del censo electoral en cada provincia. En Almería, debido a un censo infame, sin depurar, donde seguían inscritos los que estaban en la emigración y hasta los que ya descansaban en el cementerio, no se alcanzó esa cifra mágica por apenas unos puntos.
Ese "fracaso" técnico fue el que obligó al posterior desbloqueo político para que la Comunidad Autónoma de Andalucía echara a andar por la vía del 151. Y quienes firmaron ese desbloqueo fueron los diputados y senadores elegidos por los propios almerienses en las elecciones generales recientes. Políticos que no hicieron más que ejecutar el mandato de una ciudadanía que ya se había echado a la calle masivamente aquel 4 de diciembre de 1977 y que con la petición del referendum y con su resultado, había dejado meridianamente clara su postura.
Resulta agotador tener que explicar que 120.000 es una cifra sustancialmente mayor que 11.000. Pero más agotador es ver cómo se retuerce la realidad para alimentar un victimismo que no aguanta un asalto documental. Los almerienses votaron lo que votaron, y sus representantes legítimos, esos a los que se les dio el voto en las urnas, cumplieron con su cometido. Todo lo demás son cuentos de asustaviejas para quienes no saben leer una pregunta de examen ni sumar dos cifras. Seguiremos contando la verdad cada año, aunque solo sea por higiene democrática y por ver si, a fuerza de repetir el dato riguroso, alguno aprende a contar de una vez.