La provincia de Almería cuenta ya con recursos específicos para canalizar las ayudas destinadas a paliar los estragos causados por la sucesión de temporales que azotaron el sureste español entre diciembre y mediados de febrero. La administración estatal ha puesto en funcionamiento dos sedes técnicas diseñadas para asesorar a particulares, profesionales del campo y ayuntamientos que necesiten tramitar reclamaciones por los daños materiales registrados.
La primera de estas oficinas se ubica en el centro de Almería, concretamente en la calle Arapiles. Para asegurar una cobertura más cercana a los puntos con mayores incidencias, se ha establecido una segunda base operativa en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, permitiendo una gestión directa en una de las comarcas más golpeadas por las lluvias y el viento.
Estos puntos de asistencia permanecerán abiertos, en principio, durante un trimestre, aunque el plazo podría extenderse según evolucione la demanda de los usuarios. Equipos especializados de Protección Civil y personal de la empresa pública Tragsa se encargan desde esta semana de orientar a las familias que han perdido enseres o sufrido desperfectos en sus viviendas, así como a las entidades locales que deben reparar infraestructuras públicas dañadas.
El subdelegado del Gobierno, José María Martín, quien lideró el encuentro de coordinación con los responsables técnicos, puso en valor la necesidad de ofrecer una respuesta "ágil, coordinada y cercana al territorio". Según explicó el representante gubernamental, la intención es que los recursos lleguen con la mayor celeridad posible a quienes han visto afectada su actividad económica o su patrimonio personal.
Para el motor económico de la provincia, el sector primario, el calendario es especialmente relevante. Aquellos agricultores que hayan sufrido roturas en sistemas de riego o desperfectos en caminos rurales tienen de plazo hasta el próximo 15 de abril para formalizar la comunicación de daños. Esta medida se enmarca en la orden ministerial publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado, que contempla una partida de 600 millones de euros exclusivamente para la recuperación de estas infraestructuras agrarias.
A nivel nacional, el paquete de medidas activado para combatir las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos asciende a 7.000 millones de euros. Martín fue tajante al afirmar que el Estado "está donde tiene que estar, al lado de quienes han sufrido las consecuencias de estos temporales", asegurando que el despliegue administrativo actual busca evitar que cualquier afectado se quede sin el respaldo necesario por falta de información o asesoramiento.
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