Tras décadas de plácida siesta en los despachos de la Junta de Andalucía, de pronto los socialistas han descubierto que el tiempo, ese concepto tan relativo, fluye con una crueldad distinta para quienes esperan una ayuda vital. Inés Plaza, diputada en el Congreso, y Manuel Vallejo, secretario de Servicios Sociales de la ejecutiva provincial del PSOE de Almería, han salido a la palestra con el rostro compungido para denunciar que en la provincia de Almería y en toda Andalucía, los dependientes mueren esperando. Y tienen razón. Que un ciudadano deba aguardar 488 días para recibir una respuesta administrativa cuando la ley establece un máximo de 180 es, sencillamente, una indecencia burocrática. Sin embargo, en este teatro de la indignación, la memoria suele ser la primera víctima, especialmente cuando los datos empañan el relato.
Para entender el presente, conviene no tener la memoria de un pez de la bahía. Cuando el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, aterrizó en el Gobierno de la Comunidad Autónoma en 2018 con el apoyo de Ciudadanos, el escenario que dejaron los socialistas no era precisamente un ejemplo de agilidad suiza. Por aquel entonces, el tiempo medio de espera no rozaba los 500 días, sino que se disparaba hasta los 600, llegando incluso a los 800 según la provincia, antes de que el solicitante viera un solo euro o una hora de asistencia. Es curioso cómo el PSOE ha pasado de considerar "normal" que un almeriense esperara más de dos años, a rasgarse las vestiduras porque ahora espera algo más de uno. La mejora es evidente, aunque insuficiente, pero el cinismo de quienes dejaron el sistema en la UCI requiere de una flexibilidad moral digna de un contorsionista del Circo del Sol.
Si nos asomamos al libro de cuentas, el contraste es todavía más sangrante para la bancada socialista. En el último año de gestión del PSOE en Andalucía, la partida destinada a la dependencia en la Comunidad Autónoma era de 96 millones de euros. Para el ejercicio de 2025, el actual ejecutivo tenía consignado 167 millones. No hace falta ser un lince de la Sierra de Gádor para ver que hay unos cuantos millones de diferencia que, casualmente, se le olvidan mencionar a Manuel Vallejo en sus comparecencias. Además, la financiación de las residencias de mayores ha experimentado un incremento del 12,6% en estos siete años bajo el mando de Juanma Moreno, frente al raquítico 0,3% que subió en el periodo anterior. Parece que la sensibilidad social de algunos solo se activa cuando pierden el coche oficial.
Cuando hablamos de discapacidad y ayuda a domicilio, con aumentos del 32% y el 28% respectivamente bajo la gestión actual es también relevante. Pero claro, es más sencillo culpar a Sevilla de todos los males mientras se guarda un sepulcral silencio sobre lo que ocurre en Madrid. Resulta que el Gobierno del Estado, ese que Inés Plaza defiende con tanto ahínco, tiene una curiosa forma de entender la equidad territorial: mientras cubre religiosamente el 50% de la dependencia en el País Vasco, en Andalucía —y por extensión, en la provincia de Almería— aporta menos de la mitad de lo que le corresponde por ley.
Es una asimetría que parece no incomodar a los representantes socialistas almerienses, más ocupados en contar los días de espera actuales que en explicar por qué el Gobierno del Estado nos trata como ciudadanos de segunda. En definitiva, 488 días siguen siendo demasiados, pero comparados con los 800 de la era socialista, parecen un suspiro. Quizás el próximo paso del PSOE de Almería sea denunciar la falta de lluvia, obviando, por supuesto, que ellos tampoco inventaron el agua.