Diputación

Carlos Sánchez recuerda al PSOE que en 2018 culpaban al Gobierno central de la falta de médicos

El pleno de la Diputación de Almería debate una moción socialista sobre la situación crítica del Hospital de la Inmaculada en Huércal-Overa, evidenciando un cruce de reproches sobre las listas de espera y la gestión sanitaria

Viernes 06 de marzo de 2026

El debate sobre la situación sanitaria en la provincia de Almería ha marcado la última sesión plenaria celebrada en la Diputación de Almería, donde se ha puesto sobre la mesa una moción impulsada por el PSOE para exigir medidas urgentes frente a lo que consideran un colapso del sistema público.

La diputada socialista Noemí Cruz ha sido la encargada de defender esta propuesta, centrando gran parte de su intervención en la realidad que atraviesa el Hospital de la Inmaculada, ubicado en el municipio de Huércal-Overa. Durante su turno de palabra, Cruz ha aseverado que la sanidad pública se encuentra en un estado crítico, describiendo situaciones cotidianas de pacientes que deben realizar colas de madrugada a las puertas de los centros de salud para conseguir una cita en atención primaria. Según la representante del PSOE, el citado hospital atiende a cerca de 150.000 personas de las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez, operando con una plantilla bajo mínimos que cuenta con un solo profesional en especialidades clave como neumología, hematología o neurología, y ninguno en el área de dermatología.

Para ilustrar la gravedad del asunto, la diputada del PSOE ha denunciado que el recinto hospitalario de Huércal-Overa lleva más de dos años sin disponer de agua caliente en la unidad de cuidados intensivos y en el área de urgencias. A este complejo escenario ha sumado la existencia de un agujero de 135 millones de euros derivado de la infrafinanciación de los hospitales almerienses, así como un déficit de más de 1.600 profesionales en comparación con otras provincias que poseen una población similar a la de Almería.

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Ante esta tesitura, ha reclamado a la Diputación de Almería que tome parte activa en la defensa de los ciudadanos y exija a la Junta de Andalucía que complete las plantillas de manera inmediata, apruebe un plan de choque efectivo contra las listas de espera y cumpla con los derechos recogidos en los decretos de garantía. Tal y como ha expresado textualmente durante su alocución, "lo que sí podemos evitar es añadir al dolor por la enfermedad la impotencia de no ser atendido, de sentirse abandonado por quienes debemos defender sus derechos y dar la cara por ellos".

Por su parte, el grupo provincial de Vox ha anunciado su abstención ante la moción debatida en el salón de plenos. El diputado Agüera ha justificado esta decisión argumentando que, si bien comparten la preocupación evidente por el estado del recinto hospitalario, rechazan categóricamente la postura del PSOE de presentar este deterioro asistencial como un fenómeno reciente y atribuible en exclusiva al actual mandato de la Junta de Andalucía.

El representante de Vox ha recordado que muchos de los problemas estructurales provienen de décadas atrás, marcadas por una infrafinanciación histórica y una nula planificación de profesionales bajo los distintos gobiernos autonómicos socialistas. Asimismo, ha demandado reformas profundas que incluyan menos burocracia, incentivos reales para cubrir plazas en zonas rurales y una gestión eficiente que priorice la atención a los ciudadanos del Estado español que sostienen el sistema público con el pago de sus impuestos.

La respuesta más contundente a la proponente ha llegado de la mano de Carlos Sánchez, vicepresidente de la Diputación de Almería y portavoz del PP, quien ha rebatido los argumentos de la oposición utilizando declaraciones pasadas de la propia Noemí Cruz. Sánchez ha leído en el pleno unas palabras pronunciadas por la diputada el 18 de enero de 2018, cuando ejercía como parlamentaria andaluza y el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía. En aquella ocasión, Cruz afirmaba que la escasez generalizada de médicos en Almería y en el resto de España se debía fundamentalmente a una falta de planificación del Gobierno central, y pedía presionar al Gobierno central (en aquel momento, del PP) para mejorar la disponibilidad de especialistas. El portavoz del PP le ha afeado que ahora reclame responsabilidades exclusivamente a la administración autonómica cuando el Ejecutivo central recae en su propio partido político, afirmando de manera textual que "si usted estaba tan concienciada en el año 2018 de que el Gobierno de España tenía que poner los medios normales para que haya más médicos, hoy usted, unos años más tarde, no lo pida".

Apoyándose en una serie de datos oficiales, el representante del PP ha desmentido el supuesto desmantelamiento de la sanidad, asegurando que el Gobierno autonómico destina actualmente a la salud pública uno de cada tres euros de su presupuesto total, lo que supone un incremento del 66 por ciento respecto a las cuentas de 2018. En lo referente a las listas de espera en el hospital de Huércal-Overa, Sánchez ha recordado que durante la etapa de gestión del PSOE existían especialidades como urología con demoras inasumibles de hasta 1.200 días. Además, ha destacado que la cifra de pacientes que superan el límite legal de 180 días estipulado en el decreto de garantía ha pasado de 600 personas en el año 2018 a cerca de 300 en la actualidad, lo que representa una reducción de la mitad de los casos más críticos, mientras que el tiempo de espera global ha experimentado una caída del 21 por ciento.

Para concluir su argumentación, Sánchez ha subrayado que, a pesar de las dificultades generalizadas en todo el territorio para contratar facultativos, el centro hospitalario cuenta a día de hoy con un 39 por ciento más de médicos y un 59 por ciento más de profesionales de enfermería que hace ocho años.

Finalmente, el vicepresidente de la Diputación de Almería ha defendido la externalización puntual mediante conciertos sanitarios como una herramienta útil y necesaria para cumplir estrictamente los plazos de intervención con el paciente, destacando que el peso financiero de estos contratos se sitúa en su mínimo histórico, representando un 3,47 por ciento del presupuesto autonómico frente al 5 por ciento que llegaron a suponer bajo el anterior mandato del PSOE.

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