Este 8 de marzo, mientras medio mundo se afana en reivindicar la igualdad real y el otro medio se pierde en manifiestos de cartón piedra, el Ayuntamiento de El Ejido han decidido seguir al estela del nijareño y asumir que el principal problema de las mujeres en la provincia es algo que, sencillamente, no se ve. El pasado viernes, el pleno municipal aprobó —con los votos de Partido Popular y Vox, y el rechazo del PSOE— solicitar al Gobierno del Estado la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. Es fascinante comprobar cómo la política local es capaz de elevar a categoría de emergencia social algo que en las calles del Poniente tiene la misma presencia que un glaciar en el desierto de Tabernas.
Resulta curioso el matiz diferenciador que ha intentado imprimir el alcalde, Francisco Góngora. Mientras que la extrema derecha suele pedir la prohibición por las bravas, el Partido Popular se pone exquisito y solicita una modificación de la normativa legal del Estado para que la restricción tenga encaje jurídico. Es la diferencia entre querer dar un hachazo y querer usar un bisturí para operar a un paciente que, en realidad, no ha entrado en la consulta. Porque seamos serios: ¿Cuántos burkas se ven paseando por el Bulevar de El Ejido? ¿Cuántos niqabs entran a comprar al mercado de abastos? Convertir una anécdota sociológica, casi inexistente, en un debate de Estado obliga a inventarse dragones para colgarse la medalla de San Jorge.
Lo más sangrante del debate, y del propio texto de la moción, es la supina ignorancia de quienes pretenden legislar sobre la libertad de las mujeres. Han intentado envolver esta medida en el celofán de la "seguridad ciudadana" y la "convivencia". Pero si el argumento es la seguridad —el derecho a saber quién camina a nuestro lado—, ¿por qué la moción se obsesiona con el armario de las musulmanas? Si nos preocupa el rostro oculto, deberíamos prohibir con la misma vehemencia que alguien entre con casco de moto integral en un centro público (como suelen hacer los mensajeros, por ejemplo), los pasamontañas o las máscaras de Carnaval. Si el problema es el anonimato, el género o la religión del que se tapa deberían ser irrelevantes. Pero no, aquí lo que importa es marcar el territorio frente al "otro".
Entran además en un jardín teológico y cultural del que salen bastante mal parados. Se empeñan en llamar "prenda islámica" a lo que no es más que una tradición tribal y regional. Ni el burka es un precepto del Corán, ni el niqab es la norma en el mundo musulmán. El burka es una imposición cultural de zonas de Pakistán y Afganistán que precede incluso a la llegada del islam. Si alguien se asomara a la realidad de países vecinos como Marruecos, vería que lo habitual es el hiyab (el pañuelo que deja el rostro libre) y que el niqab es una excepción absoluta. Incluso en un Estado teocrático como Irán, las periodistas entrevistan a los ayatolás con el rostro descubierto. Que en El Ejido pretendan ser más papistas que el Papa —o más islamistas que los clérigos de Qom— para justificar una moción es, cuanto menos, de un ridículo supino.
Pero el culmen llega cuando apelan a la "dignidad de la mujer". Dicen querer liberarlas de la invisibilidad sancionando su vestimenta. Es una lógica magistral: para ayudar a una mujer supuestamente sometida por su entorno familiar, el Estado decide imponer una sanción ¿a quién? Pues solo puede ser a ella si va sola por la calle, y en todo caso ¿se puede demostrar que es el hombre que la acompaña quien la obliga? ¿desde cuando una sospecha se convierte en condena en un estado de derecho? Es decir, convertimos a la víctima en delincuente. Si una mujer es obligada a cubrirse, ¿la solución es que la Policía Local le notifique una sanción administrativa? ¿O quizá el resultado real será que ese marido opresor, para evitar la multa, la encierre definitivamente en casa?
Al final, este 8 de marzo en El Ejido no se celebra la liberación de nadie, sino el triunfo del populismo sobre el dato. Se legisla para el titular, para agitar el miedo y para ofrecer soluciones a problemas que no están en la lista de preocupaciones de ninguna almeriense que no llegue a fin de mes o que sufra brecha salarial.
Usar a la mujer como ariete electoral mientras se demuestra un desconocimiento absoluto de su realidad es, probablemente, la forma más sutil de seguir invisibilizándolas.