El sector agrícola de la provincia de Almería, motor fundamental de la economía, se enfrenta a una severa crisis de rentabilidad provocada por una escalada de precios que los productores tachan de puramente especulativa. Según un detallado informe de la organización agraria COAG, el reciente conflicto armado en Oriente Medio, que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, ha servido de pretexto para encarecer de forma drástica e injustificada el gasóleo agrícola y los fertilizantes.
Esta situación genera un sobrecoste total para el campo de España que asciende a 890 millones de euros al año. En términos más inmediatos, este impacto se traduce en 17 millones de euros extraídos del sector en apenas siete días, lo que supone un golpe diario de 2,4 millones de euros que merma directamente las cuentas de los agricultores.
Las cifras documentadas en el informe revelan una subida fulgurante en menos de una semana. El precio del gasóleo agrícola ha pasado de 0,85 euros a 1,20 euros por litro, lo que representa un incremento de 0,35 euros o un 41 por ciento. Por su parte, la urea, un fertilizante nitrogenado vital para el desarrollo de los cultivos, ha escalado desde los 500 euros hasta los 600 euros por tonelada, marcando un aumento del 20 por ciento. Teniendo en cuenta que el campo español consume anualmente 2.000 millones de litros de gasóleo y 1,9 millones de toneladas de urea, cada céntimo y cada euro de incremento genera un sobrecoste especulativo de 700 millones de euros al año en el combustible y de 190 millones en los abonos. Todo ello se produce sin que, físicamente, haya cambiado un solo litro de gasóleo o un kilo de fertilizante en los almacenes de los distribuidores locales.
Desde la entidad agraria sostienen que esta situación responde a una anticipación especulativa y no a una escasez real en el mercado. El término especulación, lejos de ser una acusación política, describe con precisión técnica cómo los precios suben bruscamente por expectativas futuras sin alteración alguna en la cadena de suministro actual. El producto que hoy se vende a los agricultores de Almería fue adquirido y transportado antes del inicio de las hostilidades.
Sin embargo, los intermediarios están repercutiendo un riesgo potencial sobre suministros futuros, cobrando un sobreprecio por un stock antiguo. Este mecanismo opera en tres fases: primero, los fondos financieros compran futuros anticipando escasez, lo que eleva el precio mundial; luego, los distribuidores locales ajustan sus tarifas al precio diario del mercado ignorando el coste original de su mercancía; y finalmente, amplían sus márgenes de beneficio a costa del productor. La situación es comparable a la de un panadero que, teniendo su almacén lleno de harina comprada a 30 euros el saco hace dos semanas, decide subir el precio del pan al enterarse de un incendio en un trigal de Ucrania, a pesar de no necesitar comprar mercancía nueva.
El argumento de los distribuidores, que culpan a un posible bloqueo del Estrecho de Ormuz para justificar las alzas, carece de sustento al analizar la realidad del suministro. La dependencia del Estado español de esta ruta marítima para el crudo se limita a un máximo de entre el 17 y el 20 por ciento, correspondiendo fundamentalmente a las importaciones de Arabia Saudí, que representan entre un 10 y un 12 por ciento, e Iraq, con un 7 a 9 por ciento. Por el contrario, más del 75 por ciento del petróleo llega por rutas seguras sin pasar por Ormuz, procediendo de países como Estados Unidos, que aporta hasta un 25 por ciento, Nigeria con un 15 por ciento, México con un 10 por ciento, Kazajistán con un 8 por ciento a través del Mar Negro, y otros proveedores como Angola o Brasil que suman hasta un 30 por ciento.
En el caso de los fertilizantes, la justificación basada en el conflicto es aún más débil. Los grandes proveedores de nitrógeno para España no dependen del paso de Ormuz. Destacan Marruecos con una alta dependencia real en fosfatos y derivados, Argelia a través de gasoducto y el Mediterráneo para nitrogenados, y Egipto por el Canal de Suez. También se importa de Rusia, Bielorrusia, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. La cuota de importación de urea desde Irán y Qatar, países que sí se verían afectados por el Estrecho de Ormuz, es calificada de mínima y baja respectivamente. Por tanto, la conclusión es diáfana y evidencia que el agricultor español está abonando una prima de guerra por un conflicto que no afecta de manera directa a su cadena de suministro real.
Además, la cronología física de la logística internacional desmiente cualquier impacto inmediato sobre los costes. Las cadenas de suministro de materias primas operan en plazos de semanas y meses, requiriendo entre 60 y 120 días como mínimo para que un nuevo suministro con costes de crisis llegue a España. Renegociar contratos exige entre 15 y 45 días, el tránsito marítimo desde el Golfo Pérsico requiere de 20 a 30 días de navegación, el procesado en refinerías suma entre 7 y 14 días adicionales, la distribución final a los puntos de venta añade hasta 10 días, y la producción y tránsito de urea abarca entre 30 y 60 días típicamente. Es materialmente imposible e incompatible que un conflicto de menos de siete días haya alterado los costes del carburante o del abono que ya descansa en los depósitos españoles.
Esta escalada de precios contrasta poderosamente con crisis geopolíticas anteriores que marcan un patrón reconocible. Mientras que la invasión de Ucrania en febrero de 2022 o la crisis energética de 2021 tenían una justificación física parcial o directa, dado el papel exportador de los países implicados que elevó la urea hasta un 50 por ciento en dos semanas y el gasóleo un 25 por ciento en tres semanas, el actual conflicto en Oriente Medio tiene una afectación directa muy limitada para España. A pesar de ello, la velocidad de la subida del 41 por ciento en gasóleo en menos de siete días es comparable o superior, señal inequívoca de prácticas especulativas. El impacto a pie de campo es devastador. Una explotación tipo de 150 hectáreas de cereal sufre un sobrecoste anual que pasa de 27.750 euros a 36.600 euros, sumando el gasto de gasóleo y urea, lo que supone un incremento de 8.850 euros anuales, es decir, un 32 por ciento más. De igual modo, una finca de 80 hectáreas de olivar intensivo afronta incrementos de 2.800 euros al año solo en combustible y de 1.440 euros en fertilizantes.
Ante esta grave amenaza que compromete el futuro del sector primario en Almería y el resto de la geografía, se exigen medidas contundentes a las distintas administraciones. Los agricultores reclaman de forma urgente que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia inicie una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas.
Asimismo, instan al Gobierno a activar mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos, y solicitan que se traslade a Bruselas la necesidad de que la Comisión Europea active los mecanismos de alerta temprana del mercado energético y agrícola. Todos estos datos de denuncia se fundamentan en el cruce de estadísticas oficiales provenientes de entidades como la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Eurostat, la Agencia Tributaria, la propia competencia española y agencias internacionales como la Agencia Internacional de la Energía, Fertecon y Argus Media.