La actividad municipal en el Ayuntamiento de Almería ha estado marcada hoy por la aprobación de varias iniciativas impulsadas por el PP, centradas en demandar una mayor implicación del Ejecutivo central con las necesidades de la capital. Entre los puntos más destacados, el Consistorio ha dado luz verde a la exigencia de medidas contundentes para frenar el avance de las redes de droga en la costa y la definición de plazos para ejecutar la pasarela peatonal que debe unir los paseos marítimos sobre el cauce del río Andarax.
La sesión plenaria también ha servido para ratificar, con el apoyo de todos los grupos, una propuesta de Vox destinada a implantar el protocolo de agente tutor. Esta medida busca estrechar la colaboración con los centros educativos para detectar y atajar situaciones de acoso escolar en la ciudad. Por el contrario, no han prosperado otras iniciativas presentadas por la oposición, como la apertura de una oficina de atención en el barrio de Los Ángeles o la creación de un supermercado de gestión pública, propuestas que fueron rechazadas por la mayoría de la corporación.
El debate sobre la seguridad ciudadana ha cobrado especial relevancia al abordar la creciente presencia de narcolanchas en el litoral almeriense. Sacramento Sánchez, portavoz del grupo popular, ha defendido la necesidad de este movimiento institucional ante la expansión de las mafias en el Mediterráneo andaluz. Durante su intervención, Sánchez ha lamentado que el PSOE no se sumara a la petición, señalando que la protección de los vecinos debe prevalecer sobre las directrices políticas y criticando que los socialistas prioricen la defensa de la gestión estatal frente al respaldo que requieren los agentes que combaten el crimen organizado.
Desde el equipo de gobierno se ha advertido de que el impacto de estas organizaciones y de los conocidos como "petaqueros" es ya visible en enclaves de alto valor ecológico como el Parque Natural de Cabo de Gata. En este contexto, la portavoz popular ha cuestionado decisiones previas del Ministerio del Interior, mencionando específicamente la supresión de la unidad OCON-Sur, cuya labor fue clave en años anteriores para desmantelar estructuras delictivas en el sur peninsular.
La moción finalmente aprobada —que contó con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de Podemos y el rechazo del PSOE— demanda al Estado un plan de choque integral. Este proyecto debería contemplar un aumento significativo de los recursos personales y técnicos para la Guardia Civil, así como la recuperación de grupos de élite especializados en la persecución de estas redes de tráfico ilícito en la provincia de Almería.