A estas alturas del siglo XXI, parece que algunos han confundido el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería con la sección de ofertas de una gran superficie. La última ocurrencia de la confluencia Podemos-IU ha sido proponer la creación de un supermercado público municipal. Sí, han leído bien. En una ciudad donde todavía estamos esperando que el Estado termine de conectar las vías del AVE para no tardar una eternidad en salir de la provincia, hay quien piensa que la solución a la inflación es que el concejal de turno se ponga el delantal y nos pese los tomates.
Convertir a la administración local en tendera cuando el Estado, ese ente que en Madrid parece olvidar sistemáticamente dónde cae el sureste peninsular, es el único que tiene la llave de la fiscalidad no tiene mucho sentido. Lo recordaba con bastante tino Óscar Bleda, concejal de Integración Social, Participación y Distritos, al señalar que el Ayuntamiento no tiene competencias ni para tocar el IVA ni para intervenir en la formación de precios. Es curioso: quienes piden intervención pública desde los escaños municipales suelen ser los mismos que, en el Gobierno del Estado, han sido incapaces de aplicar medidas estructurales que alivien de verdad el bolsillo de los ciudadanos. Pero claro, es mucho más estético pedir un "súper público" en Almería que exigirle coherencia a sus propios ministerios.
La propuesta, además de ser un brindis al sol jurídico, encierra un peligro real para el tejido que mantiene viva esta ciudad. Almería no es solo sol y plástico; es, sobre todo, una provincia de autónomos. Los datos son tozudos: casi el 20 % de los afiliados a la Seguridad Social en la capital son trabajadores por cuenta propia. Estamos hablando de unos 5.000 valientes que levantan la persiana cada día en sus tiendas de barrio. El plan de Podemos-IU consistiría, básicamente, en utilizar el dinero de los impuestos de esos mismos comerciantes para montarles una competencia desleal desde lo público. Un plan sin fisuras para terminar de hundir el comercio de proximidad, especialmente en esos barrios vulnerables donde la tienda de la esquina es, a menudo, el único pulmón económico y social que queda.
Frente a la tentación de convertir al ciudadano en un cliente cautivo de la beneficencia administrativa, el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa María del Mar Vázquez parece haber optado por la vía de la autonomía personal. No es por llevar la contraria, pero suele funcionar mejor. El concejal Óscar Bleda puso sobre la mesa los resultados del programa ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), una iniciativa de la Junta de Andalucía que ya ha logrado 450 inserciones laborales en las zonas más castigadas de la capital. La diferencia es sustancial: mientras unos proponen una cartilla de racionamiento con logotipos institucionales, otros parecen entender que la mejor política social es la que permite a una persona ganarse el pan con su propio trabajo y elegir libremente en qué estante lo compra.
En definitiva, el debate en el Pleno ha servido para confirmar que el populismo alimentario tiene poco recorrido cuando se choca con la realidad contable y competencial. Almería necesita infraestructuras, agua y conexiones, no un supermercado gestionado con la misma agilidad con la que se tramita una licencia de obra. Si el Estado quiere bajar los precios, que empiece por la fiscalidad; mientras tanto, dejen que los 5.000 autónomos de Almería sigan haciendo lo que mejor saben hacer sin que su propio Ayuntamiento les ponga la zancadilla con el dinero de todos.