¿Qué es odio?, dices mientras clavas en mi timeline tu algoritmo azul. ¿Qué es odio? ¿Y tú me lo preguntas? Odio... es lo que diga el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras consultar con su almohada en la Moncloa o tras leer el último informe de su particular comité de sabios.
Nos ha llegado la noticia de la última ocurrencia: la herramienta "Odio con h". Una iniciativa presentada con toda la pompa por el mismo Sánchez que se ha hecho tiktoker, y que pretende, según el discurso oficial, higienizar las redes sociales de esa ponzoña digital que nos invade.
Es innegable que las redes se han convertido en un lodazal. No hay que ser un lince de Sierra Alhamilla -¿hay linces en Sierra Alhamilla?- para darse cuenta. El anonimato es el escondite perfecto para una legión de cobardes que, en la barra de cualquier bar o en una plaza de la capital, no se atreverían ni a pedir la hora con ese tono, pero que tras un avatar de un dibujo animado se transforman en guerreros implacables. Si a esa falta de escrúpulos le sumamos la viralización y unos algoritmos diseñados para que nos peguemos cabezazos virtuales, tenemos el menú degustación del resentimiento social servido en bandeja de plata.
Sin embargo, el problema no es el diagnóstico, sino el médico y la receta. El Gobierno de España parece decidido a ser el árbitro que decida qué es una crítica legítima y qué es un "delito de odio". Y aquí es donde la lírica de Bécquer se vuelve sainete. ¿Quién pone el límite? ¿El mismo que considera que un escrache es "jarabe democrático" cuando el destinatario le resulta antipático, pero lo tacha de "acoso fascista" cuando el afectado es el ex Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias? Esa elasticidad moral para definir el odio según quién reciba el golpe es, cuanto menos, sospechosa.
Porque, admitámoslo, en este Gobierno la vara de medir tiene más nudos que una cuerda de barco en el puerto de Almería. Hemos visto cómo los mensajes de la extrema derecha, capitaneada por Vox, son analizados con lupa microscópica, mientras que otros discursos que emanan de socios parlamentarios del Ejecutivo parecen disfrutar de una bula papal. Al final, el "odio con h" corre el riesgo de convertirse en "odio con h de hipocresía".
Lo más fascinante es que ya existen herramientas legales. No hace falta que el Estado se invente aplicaciones de nombre ingenioso. El Código Penal español ya tipifica las injurias, las calumnias, el derecho al honor y, por supuesto, la discriminación racial, sexual o religiosa. Solo falta aplicarlas. Pero claro, es mucho más sencillo y mediático lanzar una plataforma que enfrentarse al verdadero elefante en la habitación: la responsabilidad de las empresas tecnológicas.
Si un periódico publica una calumnia, el director y el medio responden legal y civilmente. ¿Por qué Elon Musk o Mark Zuckerberg tienen carta blanca para que en sus plataformas se linche a personas bajo el anonimato? La solución es tan sencilla que asusta por su obviedad: eliminar el anonimato. Que cada palo aguante su vela. Que si alguien quiere soltar una barbaridad sobre un colectivo o una persona, lo haga poniendo por delante su nombre, sus apellidos y su DNI. Cualquier periodista de extrema derecha o de extrema izquierda, que trabaja en una radio, una televisión o en un periódico, pone su nombre y su cara... aún a riesgo de que se la partan, pero se identifica. Lo que no entiendo que aquellos que si se exponen con sus opiniones, defienda a quienes son una atajo de cobardes anónimos.
Santiago Abascal, si no fuese de los beneficiados por el algoritmo del odio, seguro que reclamaría a toda la extrema izquierda, en uno de sus arranques de virilidad retórica: que lo hagan "como un hombre", dando la cara. Aunque, siendo rigurosos, no es una cuestión de hombría, sino de decencia ciudadana y de responsabilidad jurídica. Si usted tiene el valor de insultar, tenga el cuajo de identificarse.
Mientras el Gobierno de España insista en crear herramientas para tutelar nuestro pensamiento en lugar de obligar a las redes a ser transparentes, seguiremos viviendo en esta farsa bécqueriana. Al final, el odio terminará siendo cualquier cosa que incomode al poder de turno. Y eso no es protección, es censura con un envoltorio de diseño. Menos aplicaciones y más Código Penal, que para eso ya pagamos a los jueces.