La agricultura de la provincia de Almería, y de manera muy crítica la comarca del Levante, se enfrenta a una amenaza biológica sin precedentes que pone en jaque la campaña de la lechuga y otros cultivos de hoja verde. Parlamentarios del PP de Almería, entre los que se encuentran Ángeles Martínez, Julia Ibáñez y Manolo Guzmán, han comparecido esta mañana para dar la voz de alarma ante la expansión descontrolada de la plaga del pulgón.
Según los datos aportados por la pulpileña, en el Levante almeriense ya se han perdido más de 2.000 hectáreas de lechugas y, de no producirse una intervención inmediata por parte del Gobierno de España, se prevé la destrucción de otras 10.000 hectáreas adicionales en las próximas semanas. Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que la provincia es responsable de exportar, en determinados meses del año, el 70 por ciento del consumo total de lechugas en toda Europa, lo que convierte esta crisis en un problema de abastecimiento a escala continental.
La problemática no se circunscribe únicamente a la lechuga, sino que el pulgón está atacando con virulencia a otros productos esenciales para la economía agrícola de Almería como los brócolis, las coles, el apio y las patatas, extendiéndose incluso a los cítricos como limones y naranjas. Los representantes populares han subrayado que, aunque el epicentro del daño se sitúa ahora en el Levante almeriense, esta plaga está afectando también a otras zonas del Estado español como Murcia, Valencia, Cataluña y Extremadura. Ante esta realidad, los agricultores almerienses llevan tiempo solicitando la autorización de un producto fitosanitario específico, con una sustancia activa que ha demostrado ser la única herramienta eficaz para combatir este tipo de pulgón, una petición que la Junta de Andalucía hizo formal ante el ejecutivo central tras las demandas del sector y las organizaciones agrarias.
A pesar de la urgencia técnica, el Gobierno de España notificó oficialmente este pasado viernes su negativa a autorizar el uso de este producto fitosanitario, ofreciendo alternativas que, según denuncian desde el PP, se ha demostrado que no funcionan ni dan respuesta a la gravedad de la situación. Esta decisión ha sido calificada como una absoluta injusticia, ya que el mismo principio activo se está utilizando actualmente con total normalidad en otros países de la Unión Europea como Portugal, Alemania, Italia, Francia o Eslovenia. Julia Martínez ha destacado la desventaja competitiva que esto supone para los productores locales, señalando que el resto de países están protegiendo su agricultura mientras el Gobierno de España va en sentido contrario. Además, se produce la paradoja de que el Estado permite la importación y el consumo de productos de terceros países que sí han sido tratados con este fitosanitario, prohibiendo sin embargo su uso a los agricultores de Almería.
Como respuesta a lo que consideran un abandono del sector, el grupo parlamentario popular ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno de España la autorización excepcional de este producto para salvar la producción del Levante. Martínez ha recordado que Almería es líder y referente mundial en el control biológico y en el bajo uso de fitosanitarios, pero insiste en que no se puede renunciar a herramientas eficaces ante crisis sanitarias vegetales de esta magnitud. El impacto económico es devastador, citando como ejemplo municipios de 3.000 habitantes donde más de 5.000 personas dependen directamente de la agricultura. Por ello, el PP ha instado al PSOE de Almería a que aclare si se pondrá del lado de los agricultores de la provincia o si preferirá apoyar las decisiones de su gobierno en Madrid que asfixian al campo almeriense.