La Dirección General de la Guardia Civil ha iniciado formalmente un expediente disciplinario contra los agentes que prestaron servicio en el cuartel de Garrucha días antes del fallecimiento de un menor de cuatro años, ocurrido el pasado 3 de diciembre. La investigación interna, gestionada por la Unidad de Instrucción de Expedientes, trata de esclarecer de manera pormenorizada la actuación de los efectivos ante la visita de una familiar del pequeño, quien acudió a las dependencias policiales con la intención de denunciar que el niño estaba siendo víctima de malos tratos en su entorno cercano. Este procedimiento administrativo surge en un contexto de máxima sensibilidad en la provincia de Almería, tras confirmarse que el trágico suceso terminó con la detención y el posterior ingreso en prisión provisional de la madre del menor y de su compañero sentimental como presuntos responsables del fallecimiento.
Los agentes que son objeto de esta investigación interna se enfrentan ahora a la posibilidad de haber incurrido en una presunta falta considerada muy grave, tipificada en el artículo 7.12 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil. Esta medida administrativa avanza de forma paralela a la instrucción penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número uno de Vera, órgano que ya ha marcado hitos relevantes en el calendario judicial para los próximos meses con el fin de arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor. En concreto, la instancia judicial ha fijado los días 28 y 29 de abril para la toma de declaración de diversos testigos, una diligencia que ha sido solicitada tanto por el propio juzgado como por la defensa de uno de los investigados que actualmente se encuentran privados de libertad.
El desarrollo de este expediente disciplinario busca determinar con exactitud si existió una omisión del deber o una gestión inadecuada de la información recibida de forma previa al fatal desenlace en el municipio de Garrucha. Mientras tanto, el proceso judicial en Vera continúa su curso para dirimir las responsabilidades penales en un caso que ha conmocionado a toda la sociedad almeriense y que mantiene el foco sobre la eficacia de los protocolos de protección y actuación ante alertas de vulnerabilidad infantil en el Estado español. La resolución de estas comparecencias testimoniales a finales de abril será clave para avanzar en una causa donde la diligencia de las instituciones públicas está siendo examinada tanto en el ámbito administrativo como en el penal.