El campo de Almería se sitúa en el centro del conflicto comercial entre la Unión Europea y el país vecino. Durante una tensa sesión en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, la eurodiputada del PP, Carmen Crespo, ha alzado la voz contra lo que define como un pacto "opaco y lesivo". Según los datos manejados por la representante popular, la actual deriva de los mercados ha provocado que la producción de tomate en España sufra un desplome cercano al 25%, una cifra que impacta directamente en la línea de flotación de la economía almeriense.
La crítica de Crespo se ha centrado en la supuesta estrategia de la Comisión Europea de equilibrar intereses contrapuestos, llegando a señalar que no es de recibo la intención de "cambiar peces por tomates". Para la vicecoordinadora de agricultura de los populares europeos, cualquier tratado internacional debe garantizar un beneficio simétrico tanto para el sector pesquero como para el agrícola, evitando que uno se convierta en la moneda de cambio del otro. En este sentido, ha exigido una revisión profunda de las condiciones actuales para asegurar que los agricultores compitan en un escenario de verdadera reciprocidad.
La situación estadística refuerza las quejas del sector. Mientras la producción nacional retrocede, las exportaciones de Marruecos hacia el mercado común han experimentado un crecimiento del 42% en apenas un ejercicio, escalando desde las 345.416 toneladas hasta rozar las 500.000. Este incremento no solo afecta al tomate, sino que genera una reacción en cadena que presiona los precios y la viabilidad de otros productos hortofrutícolas esenciales para la provincia de Almería.
Otro de los puntos de fricción reside en el etiquetado y el cumplimiento de las directrices judiciales europeas. Crespo ha advertido sobre la falta de claridad en el origen de los productos, especialmente los provenientes del Sáhara Occidental. Según ha denunciado, se está optando por identificar regiones en lugar de países, lo que a su juicio vulnera la trazabilidad exigida por la normativa de la Unión y genera un precedente de desprotección para los productores locales.
Finalmente, la eurodiputada ha lamentado la paradoja que suponen las ayudas europeas destinadas a infraestructuras hídricas en Marruecos. Mientras se facilita la gestión del agua en el norte de África, Crespo critica que se pongan trabas a la inversión en el sur de Europa, limitando las herramientas de los agricultores de zonas áridas para combatir la sequía. Esta diferencia de criterios, sumada a las distintas exigencias fitosanitarias y laborales, dibuja un panorama de competencia desleal que amenaza la estabilidad del mercado hortofrutícola europeo.