El Ministerio del Interior ha documentado un total de 83.987 agresores que han sido identificados por haber causado daño a más de una víctima. Este grupo es considerado como más peligroso, ya que tiende a recurrir a la violencia de manera más frecuente.
Las fuerzas policiales tienen la responsabilidad de informar a las víctimas sobre el historial violento de sus maltratadores, específicamente cuando estos han agredido anteriormente a otras mujeres. Esta acción se lleva a cabo de forma individualizada, tras una evaluación que determina si esta situación representa un factor de riesgo especial.
La labor de notificación por parte de los cuerpos policiales es crucial para la seguridad de las víctimas. Al conocer que su agresor tiene antecedentes de violencia hacia otras personas, se busca proporcionar información que permita a las víctimas tomar decisiones informadas sobre su seguridad.
Este enfoque en la prevención y la evaluación del riesgo es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la violencia de género y proteger a quienes son susceptibles a sufrir agresiones. La identificación temprana de patrones violentos es fundamental para implementar medidas adecuadas y efectivas.