La actividad de los juzgados evidencia la realidad socioeconómica de Almería frente al resto de las provincias de Andalucía, destacando una notable presión en la reclamación de deudas. En concreto, los procesos monitorios ingresados en el territorio almeriense ascendieron a 16.081, una cifra que, si bien queda lejos de los volúmenes masivos de Sevilla, con casi cuarenta y un mil casos, y de Málaga, que roza los treinta y nueve mil, sitúa a la provincia en un estrato medio-alto de litigiosidad por impagos. De hecho, los tribunales almerienses asumen una carga por estas reclamaciones dinerarias superior a la de territorios como Jaén, Huelva o Córdoba, lo que refleja un intenso dinamismo en los requerimientos judiciales por deudas pendientes de cobro de una manera rápida.
En el ámbito laboral, Almería presenta indicadores de gran impacto, erigiéndose como uno de los territorios con mayor conflictividad por pérdida de empleo. Las demandas por despido ingresadas en la provincia alcanzaron las 3.373, lo que la posiciona como la tercera provincia con más expedientes de este tipo, superando levemente a Cádiz, que registró 3.371, y a considerable distancia de Granada, que se quedó en el entorno de las tres mil. Tan solo Málaga y Sevilla, ambas superando ampliamente la barrera de las seis mil demandas por despido, se sitúan por delante de la geografía almeriense. A esta ingente carga de trabajo en la jurisdicción social hay que sumar las 1.834 demandas por reclamación de cantidad registradas, un volumen igualmente significativo en el conjunto del sur de España.
El análisis de los procesos de insolvencia revela que se presentaron un total de 1.330 concursos en Almería, ocupando el quinto lugar en el balance autonómico, por detrás de las provincias sevillana, malagueña, gaditana y granadina. Resulta especialmente llamativo el desglose de estos procedimientos en el caso almeriense, ya que no se registró ningún concurso de personas naturales empresarias, una anomalía si se compara con los 91 presentados en Málaga o los 43 de Sevilla.
Por el contrario, la inmensa mayoría de las quiebras en la provincia correspondieron a personas naturales no empresarias, sumando 1.249 casos, a los que se añaden 81 procedimientos iniciados por personas jurídicas, evidenciando que la insolvencia afecta fundamentalmente a las economías domésticas y a ciudadanos particulares que no ejercen actividad empresarial.
La situación del derecho a la vivienda y la pérdida de la misma dibuja un panorama especialmente sensible para Almería, que se convierte en la tercera provincia andaluza con mayor número de desalojos forzosos. Los juzgados practicaron un total de 511 lanzamientos, una cifra que supera los registros de Cádiz, que contabilizó 495, y de Granada, con 331, quedando únicamente por detrás de los 1.136 casos malagueños y los 724 sevillanos.
Al igual que ocurre en la tónica general de los tribunales en Andalucía, la principal causa de estos desalojos en territorio almeriense no fue el impago de hipotecas, sino los problemas derivados del mercado del alquiler. De este modo, 292 de los lanzamientos practicados provinieron de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 186 derivaron de ejecuciones hipotecarias previas y los 33 restantes correspondieron a otras causas legales.
En lo referente a la presión que ejercen las deudas vinculadas a la propiedad inmobiliaria, las ejecuciones hipotecarias ingresadas en Almería ascendieron a 830, consolidando también un volumen destacado en el marco judicial. Con este dato, la provincia almeriense se sitúa en la cuarta posición en cuanto a procesos iniciados para embargar y ejecutar bienes inmuebles por impago de préstamos, siendo superada por Sevilla, con más de mil trescientas demandas, Málaga, que rebasó las mil cien, y Cádiz, que se acercó al millar. Esta cifra refleja que, a pesar de que los desahucios por impago de alquiler son actualmente mayoritarios, la carga hipotecaria sigue siendo un factor determinante en los procesos civiles de la provincia.
Finalmente, la estadística judicial arroja luz sobre otros conflictos inmobiliarios y bancarios, mostrando que Almería tramitó 39 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Esta cifra sitúa a la provincia por detrás de las áreas con mayor tensión de este tipo, como Málaga, que lidera las estadísticas con 92 casos, Sevilla con 64 y Cádiz con 43, pero por delante del resto de provincias del interior.
Como dato singular para los consumidores almerienses frente a la situación en otras latitudes, los juzgados de la provincia no ingresaron en este periodo ni un solo procedimiento relacionado con las cláusulas suelo, marcando un claro contraste con Málaga y Sevilla, donde aún se registraron nuevos casos por este tipo de litigio bancario histórico.