Los Agentes Medioambientales de la Junta de Andalucía y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han intensificado las labores de vigilancia y control sobre la circulación de motocicletas y vehículos todoterreno que transitan campo a través en los Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Almería.
El dispositivo, en el que también participa el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, se ha reforzado ante el incremento detectado de vehículos 4x4 y motocicletas que circulan de forma indiscriminada fuera de caminos y pistas autorizadas. Este tipo de prácticas provoca importantes daños al medio natural, principalmente por la erosión del suelo y la pérdida de cobertura vegetal ocasionadas por el paso reiterado de estos vehículos.
El operativo tiene como objetivo la vigilancia, control e identificación de los conductores que circulan campo a través, fuera de las pistas y vías autorizadas dentro de los espacios naturales.
Las autoridades recuerdan que la normativa autonómica prohíbe expresamente este tipo de prácticas. En concreto, el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, establece en su artículo 56 la prohibición de circular con vehículos a motor campo a través por el medio natural.
Esta limitación incluye especialmente zonas como dunas, corrientes naturales de agua, continuas o discontinuas, y los lechos de lagos, lagunas o embalses, salvo cuando exista un vial autorizado que los atraviese.
Asimismo, la normativa también prohíbe circular por vías de libre circulación cuando se encuentren en condiciones de humedad o encharcamiento que puedan generar daños apreciables de erosión o huellas permanentes en el terreno, así como utilizar vehículos adaptados para la nieve fuera de las pistas habilitadas.
Las infracciones derivadas de estas conductas pueden conllevar importantes sanciones económicas. En los casos más graves, si se llegasen a acreditar daños a especies silvestres amenazadas o catalogadas como sensibles a la alteración de su hábitat o en peligro de extinción, las multas podrían superar los 60.000 euros.
Las autoridades insisten en la importancia de respetar la normativa y utilizar exclusivamente las pistas y caminos autorizados para garantizar la conservación de los espacios naturales y la protección de la biodiversida