El 26 de abril marca una efeméride que cambió la historia del continente europeo y que guarda una conexión histórica particular con la provincia de Almería. Apenas veinte años después de que la pedanía de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora, sufriera el dramático accidente con las bombas nucleares estadounidenses, el territorio volvió a tener contacto con la radiactividad. Tras las bombas de Palomares, Chernóbil dejó su huella en el sur de España. La radiación del accidente nuclear de Ucrania también llegó a Almería, aunque lo hizo en niveles muy bajos y sin ningún tipo de efectos visibles para la población local, marcando un segundo episodio de exposición atómica en la memoria de la provincia.
Lo que alcanzó a la geografía provincial no fue humo ni ceniza perceptible a simple vista, sino partículas completamente invisibles que se depositaron de forma silenciosa en el suelo, el aire y la vegetación de Almería tras recorrer miles de kilómetros desde el este de Europa. Ese material transportado por los vientos incluía radionúclidos como el cesio-137 y el yodo radiactivo, elementos pesados capaces de fijarse en todo tipo de superficies expuestas tras desplazarse de manera persistente por la atmósfera terrestre.
El recorrido de esta nube hasta el sur del Estado español comenzó el mismo día de la catástrofe, el 26 de abril de 1986, cuando la enorme explosión del reactor liberó toneladas de material radiactivo que de inmediato comenzó a expandirse por Europa impulsado por las corrientes atmosféricas dominantes. En los primeros días posteriores al estallido, la radiación fue detectada con gran intensidad en el norte del continente, impactando especialmente en países como Suecia, donde las mediciones reflejaron depósitos de 40.000 becquerelios por metro cuadrado, o Finlandia, con registros de entre 2.000 y 10.000 becquerelios, confirmando así su rápida expansión fuera de las fronteras de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que sufrieron la peor parte con niveles superiores al millón de becquerelios. Con el paso de las jornadas, la masa de aire contaminado cambió de trayectoria, avanzando primero hacia el oeste europeo y posteriormente descendiendo hacia el sur, acercándose paulatinamente a la península ibérica.
Fue el 2 de mayo de 1986 cuando los sistemas de vigilancia radiológica detectaron un aumento de la radiactividad en la costa mediterránea de España, marcando oficialmente la llegada de los restos de la nube a la geografía peninsular. Para cuando este fenómeno atmosférico alcanzó Andalucía y finalmente entró en los cielos de Almería, la carga de radiación ya había perdido una gran parte de su intensidad original tras verse obligada a atravesar prácticamente todo el continente. Aun así, a pesar de la enorme distancia y la dispersión, los equipos de medición científica lograron detectar e identificar trazas radiactivas en distintos puntos del territorio.
Los mapas de depósito total elaborados años después del accidente, basados en datos de la Comisión Europea y el Organismo Internacional de Energía Atómica, situaron de forma precisa al sur de España dentro del rango más bajo de contaminación de toda Europa. En el caso específico de Almería, los estudios radiológicos documentaron que las partículas quedaron fijadas principalmente en suelos agrícolas, grandes superficies abiertas y zonas de vegetación expuestas directamente tras el paso de la nube. Los registros oficiales confirmaron que los niveles de cesio-137 se situaron en una horquilla de entre 1.000 y 10.000 becquerelios por metro cuadrado, unas cifras que resultaban detectables para la instrumentación pero que en ningún caso llegaron a alcanzar valores peligrosos ni supusieron un riesgo para la población.
Diversos organismos internacionales, como la propia Comisión Europea y los distintos comités científicos de Naciones Unidas encargados de estudiar los efectos de las radiaciones, incluyeron desde el primer momento a Almería entre las zonas con menor impacto documentado de todo este episodio. La explicación científica fundamental de esta escasa afección reside precisamente en el extenso recorrido de las masas de aire, puesto que la nube llegó a la provincia varios días después de la explosión inicial, encontrándose ya muy dispersa y enormemente debilitada, lo que redujo drásticamente su capacidad de afectar al entorno. Todos los datos recopilados y analizados durante décadas han mantenido esta conclusión técnica sin ningún tipo de cambios relevantes, cerrando así un capítulo en el que el rastro de Chernóbil acarició una tierra marcada históricamente por el incidente de Palomares.
El 26 de abril de 1986, la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada a escasos kilómetros de la ciudad ucraniana de Prípiat, se convirtió en el escenario del mayor desastre atómico de la historia civil. Durante una prueba de seguridad que simulaba un corte eléctrico en el reactor número cuatro, una combinación de graves fallos de diseño estructural y errores en la operación provocó un aumento súbito e incontrolable de la potencia. Esta reacción en cadena desembocó en una sucesión de explosiones de vapor y un devastador incendio en el núcleo de grafito del reactor. El estallido destruyó por completo la pesada cubierta protectora de las instalaciones y expulsó directamente a la atmósfera una cantidad masiva de materiales altamente radiactivos, superando con creces la radiación conjunta liberada por las bombas atómicas detonadas durante la Segunda Guerra Mundial.
La enorme columna de gases y humo contaminado se elevó a miles de metros de altura y, empujada por las corrientes meteorológicas, comenzó un trágico desplazamiento que afectó de forma crítica a extensas áreas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia antes de dispersarse hacia el resto de Europa. La extrema gravedad de la situación, clasificada en el nivel más alto de la escala internacional de accidentes nucleares, obligó a la evacuación permanente de cientos de miles de ciudadanos y al establecimiento de una zona de exclusión habitacional que perdura hasta nuestros días. Durante los meses posteriores, miles de trabajadores, bomberos y militares, conocidos históricamente como liquidadores, intervinieron en la zona cero para extinguir los incendios, limpiar los escombros y construir un primer sarcófago de hormigón destinado a contener las emisiones letales de un núcleo que continuaba expuesto bajo las ruinas.