La administración autonómica ha dado luz verde a una modificación estratégica en su estructura de personal con el objetivo de desatascar y potenciar la gestión del legado cultural en la provincia. A través de un decreto que altera la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía busca dotar de mayor músculo administrativo a sus delegaciones, permitiendo una respuesta más ágil ante la creciente demanda de informes y expedientes técnicos.
Esta medida tiene una repercusión directa en Almería, donde se incorporarán dos nuevos efectivos destinados a reforzar áreas clave como el servicio de Bienes Culturales y la comisión provincial de Patrimonio Histórico. El objetivo central de este incremento de recursos humanos es acelerar la tramitación de procedimientos que, aunque de carácter administrativo, poseen una gran relevancia económica para la provincia, tales como las licencias de obras en entornos protegidos, las intervenciones arqueológicas y los informes preceptivos para el planeamiento ambiental y urbanístico.
La reestructuración supone la creación de 22 plazas de personal técnico y superior facultativo distribuidas por toda la geografía andaluza. Entre los perfiles seleccionados destacan especialistas en Arquitectura, Conservación del Patrimonio y Arqueología, así como expertos en Arquitectura Técnica y personal de gestión administrativa. Además de los puestos provinciales, la Dirección General de Patrimonio Histórico también verá reforzada su plantilla central con cuatro nuevos conservadores.
Desde la Junta de Andalucía se ha aclarado que esta operación conlleva la ampliación neta de la plantilla presupuestaria en 16 plazas, mientras que el resto de los puestos se cubrirán mediante la adaptación de plazas ya existentes para flexibilizar su cobertura y ajustarlas a las necesidades actuales. En el reparto por provincias, tras las cinco plazas asignadas a Málaga y las cuatro de Sevilla, Almería recibe este refuerzo junto a otras delegaciones como las de Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, garantizando que el patrimonio histórico no sea un freno, sino un motor para la actividad económica local.