La provincia de Almería ha logrado posicionarse como uno de los territorios con menor conflictividad jurídica del país al cierre del pasado ejercicio. Mientras que el conjunto de España y la comunidad autónoma de Andalucía mantienen niveles de judicialización elevados, los ciudadanos almerienses han recurrido con menor frecuencia a los tribunales, registrando una tasa de 141,51 asuntos por cada mil habitantes. Esta cifra no solo es 12 puntos inferior a la media estatal, sino que se sitúa 16 puntos por debajo de la media regional, consolidando una tendencia de pacificación en las relaciones jurídicas de la zona.
Este balance llega en un momento crucial de renovación para el sistema legal. Este 2026 marca el inicio de una era de modernización estructural con la desaparición de los tradicionales juzgados de instrucción para dar paso a los Tribunales de Instancia. El pasado 2025 sirvió como el último test de eficiencia para el modelo saliente, y en Almería los resultados arrojan una lectura de optimismo moderado: la entrada de nuevos casos cayó un 3,2%, lo que supone que se tramitaron 3.618 expedientes menos que el año anterior. Este descenso en la carga de trabajo es especialmente relevante si se compara con otras provincias andaluzas, situando a la demarcación almeriense solo por detrás de Málaga y Cádiz en cuanto a la reducción de nuevos litigios.
El análisis pormenorizado por sectores revela que el ámbito civil sigue siendo el que mayor volumen de trabajo genera, representando casi la mitad de la actividad en Almería. A pesar de gestionar cerca de 50.000 asuntos, esta jurisdicción ha logrado mejorar su capacidad de resolución en un 10%, lo que ha permitido aliviar parcialmente la histórica congestión que arrastran los juzgados de primera instancia. Por el contrario, las demandas contra las administraciones públicas experimentaron un repunte notable del 13,1%, evidenciando un aumento en la fiscalización ciudadana hacia la gestión institucional, aunque la agilidad de los tribunales permitió que el balance final de casos pendientes en este sector fuera positivo.
En el plano de lo criminal, la situación presenta mayores desafíos. Aunque el volumen de causas es alto, el sistema se enfrenta a una mayor complejidad en la tramitación de expedientes relacionados con delitos graves. En este sentido, la labor de las fuerzas de seguridad, como la guardia civil y la policía nacional, resulta fundamental para nutrir unos juzgados que, en el ámbito penal, han visto incrementada su bolsa de asuntos pendientes en un 11%. A pesar de que los tribunales almerienses resolvieron una media de más de mil causas por órgano, la acumulación de procesos por homicidio, asesinato o delitos de droga sigue requiriendo un refuerzo de medios para evitar el colapso.
Finalmente, la jurisdicción social en Almería ha mostrado una resiliencia destacable. Los conflictos laborales y de seguridad social se han gestionado con una eficacia que ha permitido reducir la congestión en un 4%, resolviendo más casos de los que entraron. Este dinamismo es una señal positiva para el tejido económico local, ya que agiliza la resolución de disputas en el mercado de trabajo. En términos generales, la provincia de Almería inicia esta nueva etapa de Tribunales de Instancia con una base sólida, habiendo demostrado que, pese al crecimiento poblacional y los retos sociales, la tasa de litigiosidad tiende a estabilizarse a la baja.