Lo ocurrido en el Estadio de Cornellà-El Prat (o el RCD Espanyol Stadium, para los que prefieren el nombre corporativo) durante el enfrentamiento entre la Selección Española y el combinado de Egipto no es solo un síntoma de una sociedad que parece haber olvidado el prospecto de la buena educación, sino el resultado de un laboratorio político que lleva años ensayando con la gasolina y el mechero. En Barcelona, entre banderas rojigualdas y un fervor patrio que a veces confunde el civismo con el berrido, se escuchó un estribillo que ya no buscaba molestar a un jugador concreto , sino señalar a todo un colectivo: «Musulmán el que no bote».
Vaya por delante que, para quien esto escribe, pitar un himno —ya sea el de Estado español, el de Andalucía o el de la mismísima Filipinas— es una ordinariez supina. Es un gesto que desprecia símbolos que representan a millones de ciudadanos y sus creencias. Sin embargo, hay que tener la piel muy fina o el análisis muy grueso para equiparar un pito político con la exclusión sistemática por motivos de fe o procedencia. Lo primero, aunque nos duela el oído y el orgullo, entra en el pantanoso terreno de la expresión política. Quemar una foto de Felipe VI o silbar la Marcha Real es una manifestación de rechazo a una estructura de poder. Es feo, sí. Es rancio, también. Pero es política, por mucho que haya una ley de símbolos que lo condene y se aplique cuando suceda.
Lo que vimos en Barcelona es otra cosa. Es el salto cualitativo del insulto individual al linchamiento colectivo. Ya no se trata de increpar a un jugador concreto por ser negro o por rezar en dirección a La Meca; se trata de convertir la condición de musulmán en el "enemigo" contra el cual hay que botar para certificar la españolidad propia. Y aquí es donde la ultraderecha, y sus terminales mediáticas, ha hecho su agosto. Han conseguido que una parte de la grada crea que ser racista o islamófobo es una forma de ser «muy español y mucho español», por parafrasear al clásico.
Resulta curioso que desde algunos de estos sectores que quieren parecer civilizados, ahora se rasguen las vestiduras por lo ocurrido cuando se trata de sus soflamas, a las que han contribuido echando permanentemente gasolina, azuzando continuamente el odio.
No se puede comparar el rechazo a una institución con el odio a una persona por lo que es. En el Estado español, la libertad de culto es un derecho constitucional, y Almería, nuestra provincia, sabe bien lo que es la convivencia diaria y el esfuerzo de quienes vienen a trabajar nuestros invernaderos, independientemente de si leen la Biblia o el Corán.
El problema es que se ha normalizado que el odio sea «guay». Que ser un cafre en un estadio sea una defensa de la unidad del Estado. Han prendido fuego al árbol y ahora se escandalizan porque las cenizas les manchan el traje. Al señalar a todos los musulmanes, sin matices, están criminalizando a vecinos, compañeros de trabajo y ciudadanos de pleno derecho. Si alguien en Almería se siente más español por insultar al que tiene al lado en la grada de los Juegos Mediterráneos, es que no ha entendido nada de lo que significa vivir en una democracia.
Esta deriva no es casualidad. Es el fruto de años de regar el discurso del «ellos o nosotros», de crear falsos problemas con el niqab, con el menú halal, con los rezos, con las mezquitas...
Lo preocupante no es que cuatro energúmenos boten en un estadio; lo verdaderamente aterrador es que haya líderes políticos validando que el odio colectivo sea una postura respetable en el tablero democrático. Convertir un partido de La Roja en un mitin de exclusión es el fracaso más absoluto de quienes dicen amar a España pero en realidad lo que hacen es despreciarla. ¿Es esa la España que nos proponen? Una en la que para ser buen ciudadano hay que pasar por el filtro de la exclusión religiosa dando botes como un mono en un estadio. Pues miren, para ese viaje al zoo no hacían falta tantas banderas.