El sindicato USTEA y Adelante Andalucía han mantenido un encuentro en Almería para analizar la situación de la enseñanza. La situación de la educación pública en la provincia de Almería ha centrado un duro análisis tras el encuentro mantenido entre responsables sindicales y portavoces políticos, donde se ha puesto de manifiesto una realidad de recortes que contradice las cifras oficiales.
Javier Muñoz, responsable de organización de USTEA en Almería, ha sido contundente al cifrar el impacto de las políticas educativas en el territorio almeriense, señalando que "en los últimos tres años en Almería, en esta provincia, se han suprimido solamente en educación infantil 92 unidades, si hablamos de netas serían 64 unidades menos". Según el representante laboral, estos datos contrastan con la versión de la administración, que defiende un aumento de plazas que no se refleja en el día a día de los colegios, donde la pérdida de recursos es constante. Muñoz ha advertido que el sistema se está degradando de forma progresiva, subrayando que "nos estamos acostumbrando a ratios por encima de la norma; cualquier centro educativo que se ha visitado podemos encontrar en primaria ratios 25-26", una situación que choca con las promesas de descenso de alumnos por aula para los próximos cursos.
El déficit de infraestructuras educativas en la provincia de Almería es otra de las grandes preocupaciones, con un balance de once centros públicos que todavía están pendientes de construcción. Sobre este asunto, Muñoz se ha referido específicamente a la situación vivida en la capital con el colegio de la Vega de Acá, un proyecto que ha sufrido importantes retrasos. Sobre este avance, el responsable sindical ha querido dar todo el protagonismo a la movilización ciudadana, afirmando que "estamos todavía pendientes de esa licitación del centro gracias a la presión vecinal y la movilización; creemos que es un logro de los vecinos y vecinas de Almería y no un logro político". Esta falta de centros se une a una gestión de la Junta de Andalucía que, según los denunciantes, prioriza el mantenimiento de la educación privada frente a la pública, utilizando la caída demográfica de forma sesgada.
Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha acusado directamente a la administración educativa de faltar a la verdad en sus comunicaciones públicas. "Mienten. La Consejería de Educación miente cada vez que dice que están aumentando el número de aulas en la educación pública", ha sentenciado García, quien ha recordado que desde el año 2018 se han eliminado más de 2.700 aulas en toda Andalucía, mientras que en la privada la cifra de supresiones es nula. Para el portavoz, resulta incomprensible el argumento oficial sobre la falta de nacimientos, destacando lo que califica como "el curioso caso de la bajada en la natalidad que solo afecta a la pública". Según su análisis, el PP está ejecutando un plan de desmantelamiento que en el caso de la provincia de Almería es especialmente sangrante, ya que las cuentas básicas demuestran que la creación de unas pocas aulas no compensa las decenas que se cierran cada año.
Finalmente, la situación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha centrado las críticas más feroces debido a la precariedad que sufren los profesionales y los niños. García ha denunciado que una sola maestra de audición y lenguaje puede llegar a tener a su cargo a 80 menores, lo que hace imposible una atención de calidad. "¿Una maestra cómo puede atender a 80 niños con necesidades en la audición y en el lenguaje? ¿Diez minutitos a la semana? Eso es lo que quiere la consejería", ha lamentado, exigiendo que se garantice por ley que "un colegio no esté completo hasta que no tenga todo este personal público", incluyendo especialistas en pedagogía terapéutica, orientación y enfermería. El objetivo de las fuerzas sociales es blindar por ley las aulas en el Estado español para evitar que los cambios de gobierno en la Junta de Andalucía sigan mermando un servicio esencial que, en Almería, se encuentra al límite de sus capacidades.