En la versión cinematográfica de La Colmena, Camilo José Cela se permitió el lujo de un cameo interpretando a Matías, un personajillo cuya única función vital era la de "inventor de palabras". Con una seriedad casi patológica, el Nobel gallego daba vida a ese empeño de retorcer el diccionario para que la realidad pareciera otra cosa.
Décadas después, el portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recogido el testigo de Matías con una destreza que ya quisiera para sí la Real Academia Española. Su última creación, "desprivatizar", no es más que un envoltorio de celofán para lo que el Derecho y el sentido común siempre han llamado expropiar. Pero claro, decir expropiar suena a exabrupto de otra época, y en política, si el concepto es feo, se le inventa un nombre que suene a progreso higiénico.
La tesis de José Ignacio García es tan sencilla que asusta: la solución al drama habitacional pasa por meter la mano en el inventario de los grandes tenedores, que en realidad no son tantos aunque sí es cierto que tienen muchas viviendas. Sin embargo, antes de lanzarse a la "desprivatización" del parque ajeno, convendría que el Estado mirara debajo de sus propias alfombras. Según datos de la propia Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el mal llamado "banco malo", solo en la provincia de Almería existen casi 1.500 viviendas y unos 700 solares urbanizables cogiendo polvo en el balance de activos públicos. Es fascinante que se proponga asaltar la propiedad privada mientras la administración pública ejerce de mayorista inmobiliario con activos que ya pagamos todos los españoles con el rescate bancario. ¿Por qué el Estado no "desprivatiza" la SAREB consigo misma y pone esos pisos en carga de una vez? Quizá porque es más fácil inventar palabras que gestionar realidades.
La paradoja en la provincia de Almería alcanza tintes de humor negro cuando analizamos quién habita hoy esas paredes. Mientras el Estado mantiene ese stock congelado, la inacción legislativa ha convertido la "patada en la puerta" en un trámite de urgencia para el acceso a la vivienda. Resulta sangrante observar cómo familias almerienses que fueron desahuciadas tras años pagando honradamente su hipoteca —y que, para colmo, mantuvieron la deuda tras perder el techo— ven ahora cómo los nuevos "vulnerables" ocupan ilegalmente esos mismos inmuebles bajo el paraguas de una hiperprotección legal que no distingue la necesidad de la jeta. Al final, el rigor de la ley solo parece aplicarse al que intenta cumplirla.
Desde ciertos sectores de la izquierda radical en Andalucía, y con un mimetismo pasmoso en la extrema derecha para otros asuntos, se despachan problemas complejos con soluciones de parvulario. El argumento de los "grandes tenedores" es el espantapájaros perfecto, pero ignora la sociología de la provincia. En Almería, la inmensa mayoría de las viviendas vacías no pertenecen a fondos buitre con sede en Delaware, sino a ese pequeño propietario que compró su hogar familiar, que incluso está pagando la hipoteca de una segunda residencia, y que heredó el piso de sus padres en el Zapillo, o a la pareja de viudos que, al juntar sus vidas, han acabado con dos techos y un solo dormitorio. Convertir a un ahorrador en un "especulador a batir" es el camino más corto para que nadie quiera comprar, y si nadie compra, nadie construye.
Es más, si sabes que te pueden "desprivatizar", lo normal es que dediques tus ahorros a otra cosa que no sea vivienda, y si quien puede comprar vivienda no la compra, el constructor no construirá.
La realidad es que construir hoy en el Estado español es una gincana burocrática y fiscal. Entre la obligatoriedad de instalar placas solares, las normativas de parking, los metros cuadrados mínimos y la reserva forzosa de un porcentaje para Vivienda de Protección Oficial (VPO) —cuya rentabilidad negativa para el constructor acaba repercutiendo en el precio de la vivienda libre—, el mercado se ha convertido en un artículo de lujo... y no digo que me parezca ni bien ni mal esas exigencias, solo certifico que existen y encarecen.
La inflación normativa que imparte el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, solo consigue que el precio final se dispare. No hace falta ser un lince de las finanzas para entender que, si asfixias la oferta con costes y amenazas de "desprivatización", el resultado no será un alquiler más barato, sino un desierto de grúas. Menos inventar palabras y más entender los números; aunque a Matías, el de La Colmena, seguro que le habría encantado el discurso.