Andalucía continúa su avance progresivo para ganar la batalla a la despoblación y la provincia de Almería no se queda atrás en esta particular guerra que libran los pequeños ayuntamientos para evitar la marcha definitiva de sus vecinos. Según los datos que arroja la última actualización anual de la Estrategia frente al Desafío Demográfico, elaborada por la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la comunidad autónoma ha conseguido reducir el número de núcleos poblacionales en peligro de desaparición o decaimiento severo. Concretamente, tras el análisis del último ejercicio, se ha pasado de cuatrocientos ochenta municipios afectados a cuatrocientos setenta en la actualidad, arrojando un saldo positivo en el conjunto del territorio tras la salida de veintiuna localidades del listado y la entrada de once que hasta ahora no sufrían este problema poblacional.
Al profundizar en la realidad demográfica del Estado español y, más específicamente, en el escenario andaluz, se observa que el descenso de la gravedad en el territorio almeriense ha sido moderado pero constante. Durante el pasado año constaban setenta y seis municipios en riesgo, mientras que en este último informe la cifra se sitúa en setenta y cinco. Este leve pero esperanzador retroceso viene motivado por la salida de tres poblaciones que han logrado revertir su tendencia demográfica negativa, si bien se ha registrado simultáneamente la inclusión de dos nuevos ayuntamientos que hasta la fecha no padecían este mal crónico de nuestro siglo. Pese a la mejora experimentada, este elevado volumen de localidades convierte a Almería en la segunda provincia andaluza con mayor incidencia de este fenómeno de despoblación.
El cambio de tendencia provincial está protagonizado de manera directa por las buenas cifras procedentes de Alhabia, Rioja y Pechina, los tres municipios que han conseguido el hito de abandonar el listado de riesgo contemplado en la estrategia autonómica vigente hasta el año dos mil treinta. Los datos de empadronamiento, extraídos de los registros oficiales en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local, corroboran un aumento de residentes durante el último año. En concreto, el censo de Alhabia ha crecido desde los setecientos veinticinco vecinos contabilizados previamente hasta alcanzar los setecientos cuarenta y tres actuales. Por su parte, Pechina cuenta ahora con cuatro mil quinientos cincuenta y dos residentes frente a los cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres del ejercicio anterior, mientras que Rioja ha sumado veinte nuevos habitantes para consolidar una población total de mil seiscientos nueve vecinos. En la cara opuesta de la moneda se encuentran las localidades de Tíjola y Huécija, que han sido incluidas en el nuevo mapa de riesgo demográfico tras empeorar sus registros, un escenario que no afrontaban en la medición anterior.
La inclusión o exclusión en estos informes no es un asunto arbitrario, sino que responde a unos criterios estadísticos y técnicos muy estrictos fijados por la Junta de Andalucía. Entre los factores determinantes para catalogar el peligro se exige que la densidad de población sea inferior a veinte vecinos por kilómetro cuadrado, así como la constatación de una tasa negativa de crecimiento demográfico y un crecimiento vegetativo que se sitúe por debajo del diez por ciento negativo. A estos condicionantes vitales se añaden un índice de envejecimiento superior al doscientos por ciento, una tasa migratoria desfavorable, una media de edad que rebase la frontera de los cincuenta años, una ratio de masculinidad por encima del ciento cinco por ciento y, desde un punto de vista estrictamente socioeconómico, que la tasa de paro local supere el alarmante umbral del veinte coma tres por ciento.
En base a estos complejos marcadores demográficos y laborales, el documento clasifica la urgencia de actuación en tres niveles bien diferenciados de prioridad alta, media y baja. En el escalón de riesgo alto se encuadran veintidós localidades almerienses que cumplen de manera simultánea entre siete y nueve de los criterios de despoblación mencionados con anterioridad. En esta delicada situación de alerta máxima, que exige políticas activas inmediatas, se encuentran Albanchez, Alboloduy, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Bacares, Beires, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Canjáyar, Castro de Filabres, Cóbdar, Líjar, María, Ohanes, Oria, Padules, Paterna del Río, Rágol, Sierro, Las Tres Villas y Velefique.
Un peldaño por debajo, con una prioridad catalogada como media por la administración andaluza, se localizan treinta y dos ayuntamientos de la provincia. En este denso bloque intermedio de riesgo se agrupan las poblaciones de Abla, Abrucena, Alcolea, Alicún, Almócita, Alsodux, Arboleas, Bayárcal, Bayarque, Bédar, Chirivel, Felix, Fiñana, Fondón, Lubrín, Nacimiento, Olula de Castro, Partaloa, Santa Cruz de Marchena, Senés, Serón, Somontín, Sorbas, Suflí, Taberno, Tahal, Terque, Turrillas, Uleila del Campo, Urrácal, Vélez-Blanco y Zurgena.
Finalmente, concluyen este extenso registro poblacional los veintiún municipios almerienses que han sido catalogados con un nivel de riesgo bajo, lo que indica que el problema es incipiente pero no irreversible a corto plazo. Entre estas demarcaciones se hallan Armuña de Almanzora, Cantoria, Chercos, Enix, Gádor, Los Gallardos, Gérgal, la recién incorporada al registro de preocupación Huécija, junto a Íllar, Instinción, Laroya, Laujar de Andarax, Lucainena de las Torres, Lúcar, Macael, Mojácar, La Mojonera, Santa Fe de Mondújar, Tabernas, la también debutante en el listado Tíjola y, por último, Vélez-Rubio. Si se amplía el foco al resto de la comunidad autónoma para obtener una perspectiva completa de la magnitud del problema, Granada se sitúa como el territorio andaluz más castigado por el vacío demográfico al contabilizar ciento trece municipios amenazados. Le sigue de cerca la ya analizada provincia de Almería con sus setenta y cinco localidades en riesgo, mientras que Jaén suma setenta y cuatro poblaciones. Por detrás quedan Málaga con cincuenta y cuatro pueblos comprometidos, Córdoba con cincuenta, Huelva con cuarenta y seis, Sevilla con treinta y ocho núcleos afectados y, cerrando la estadística con el escenario más benévolo, Cádiz, que apenas registra veinte municipios en peligro de perder el arraigo de sus habitantes a lo largo de las próximas décadas.