La situación de la sanidad en Almería se ha convertido en el centro de un duro cruce de reproches políticos. El principal candidato del PSOE por la provincia a la cámara autonómica, José Nicolás Ayala, ha arremetido contra los recientes anuncios realizados por la Junta de Andalucía, calificando de "absolutamente vergonzoso" que se intente engañar a la ciudadanía con promesas en plena campaña. Ayala ha instado al Ejecutivo de Juanma Moreno a que, en lugar de anuncios, aporte soluciones reales y traiga a la provincia los facultativos que asegura haber incorporado.

El dirigente socialista ha puesto el foco en la situación de las comarcas del Levante, el Almanzora y Los Vélez, denunciando que mientras se habla de mejorar la cobertura en zonas de difícil acceso, el hospital de Huércal-Overa ha sufrido un progresivo deterioro en los últimos ocho años. Como prueba de esta gestión, Ayala recordó la reciente adjudicación de más de un millón y medio de euros a una clínica privada en Murcia para atender a pacientes almerienses que la sanidad pública local no puede absorber.

Respecto a la futura puesta en marcha del centro hospitalario en Roquetas de Mar, el representante del PSOE advirtió sobre la peligrosidad de los planes previstos. Según sus palabras, abrir estas instalaciones por fases y detrayendo personal del Hospital Universitario Poniente —el cual ya opera con recursos muy inferiores a la media y soporta listas de espera fuera de plazo para la mayoría de sus pacientes— supone "una temeridad" para la asistencia sanitaria de la zona.

En contraste con la línea actual del PP, los socialistas proponen un cambio radical basado en un blindaje legal de los tiempos de espera. El plan presentado busca inyectar 3.000 millones de euros anuales al sistema público para alcanzar una inversión por habitante de 2.350 euros. Esta medida permitiría la contratación de miles de profesionales, de los cuales una parte significativa iría destinada a paliar la falta de más de 1.600 sanitarios que actualmente padece la provincia de Almería.

Finalmente, Ayala subrayó la necesidad de detener lo que considera una "privatización encubierta" y garantizar que cualquier ciudadano pueda ser atendido en su centro de salud en un máximo de dos días. El compromiso socialista incluye también la fijación por ley de un tope de 30 días para cualquier prueba diagnóstica, reforzando así una atención primaria que consideran desmantelada por la actual administración regional.