El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería ha manifestado su firme oposición a la reciente medida aprobada por el PP, que supondrá un incremento en las tasas de los cementerios municipales de la ciudad. Durante la sesión plenaria celebrada este 15 de abril de 2026, el portavoz de la formación, Juan Francisco Rojas, ha calificado esta decisión como un nuevo golpe fiscal para los ciudadanos, ironizando sobre el hecho de que en la capital ni siquiera tras el fallecimiento se libran de la presión impositiva del consistorio.
Esta subida tarifaria se añade, según ha recordado la formación, a los anteriores aumentos ejecutados en otros servicios y tributos básicos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el suministro de agua y la gestión de basuras. Rojas ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez exija al Gobierno de España una bajada del IVA mientras, simultáneamente, incrementa la carga fiscal a nivel local, instando a los populares a predicar con el ejemplo en materia económica.
Desde Vox han detallado que presentaron un total de cinco alegaciones contra este punto del orden del día, fundamentadas en que la revisión anual de las tarifas no se ajusta a lo estipulado en el contrato vigente. Según la formación, dicho acuerdo establece que la revisión de precios debe realizarse una vez transcurridos dos años desde su formalización, y no con carácter anual como se ha planteado en esta ocasión. El portavoz ha acusado al ejecutivo municipal de reinterpretar las cláusulas contractuales y los plazos de revisión mediante un informe elaborado a medida para justificar una subida que consideran improcedente.
La formación sostiene que el uso de la mayoría absoluta por parte del PP está derivando en un perjuicio económico directo para los almerienses a través de interpretaciones forzadas de los contratos de servicios públicos. Ante esta situación, Juan Francisco Rojas ha anunciado que acudirán a otras instancias para solicitar el informe técnico elaborado en febrero, con el objetivo de frenar lo que consideran una política recaudatoria excesiva y garantizar que no se sigan gravando los bolsillos de los vecinos de Almería de forma injustificada.