Parece que en la provincia de Almería nos hemos vuelto expertos en el avistamiento de fantasmas, aunque los espectros en cuestión lleven años doblando el lomo bajo siete mil hectáreas de plástico en el Poniente o sirviendo cañas en las terrazas del Paseo. El Consejo de Ministros ha decidido, de forma unilateral y mediante el socorrido método del decreto-ley, tirar por la calle de en medio con la regularización extraordinaria de extranjeros. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido no cocinar a fuego lento en el Congreso de los Diputados —donde el consenso suele morir de inanición— y que ha despertado los instintos más creativos de la apocalíptica local. Escuchando a ciertos sectores, uno esperaría que las Siete Plagas de Egipto se quedaran cortas comparadas con el hecho de que un tipo que ya vive aquí tenga, de pronto, un papel que diga quién es.
Hablemos de ese concepto tan manoseado: el "efecto llamada". Resulta fascinante la lógica de quienes sostienen que esta medida va a provocar un aluvión de pateras en nuestras costas. Debe ser que el inmigrante que está ahora mismo en una playa de Nuadibú tiene poderes precognitivos o una máquina del tiempo, porque la norma defendida por la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es meridianamente clara: solo podrán acogerse aquellos que estuvieran en España antes de que comenzara el año 2026. Es decir, que si un señor llega mañana a la Isleta del Moro, lo único que va a llamar es a la puerta de la Comisaría para que le abran un expediente de expulsión.
Luego está el drama de la vivienda y los servicios públicos, un clásico del argumentario de la catástrofe. Según esta teoría, el día que se publiquen estas regularizaciones en el BOE, los centros de salud de la provincia colapsarán y los alquileres subirán hasta la estratosfera. Sorpresa: esa gente ya duerme bajo un techo (o lo intenta) y ya enferma. Cuando un trabajador sin papeles tiene una urgencia en Campohermoso, no se cura por arte de magia; acude al Hospital de El Toyo. La diferencia es que ahora lo hace en una situación de semiclandestinidad que solo beneficia a las mafias y al mercado negro. Regularizar no es crear personas de la nada mediante generación espontánea, es reconocer administrativamente a quienes ya ocupan un espacio físico en nuestra geografía. El colapso sanitario, si existe, tiene más que ver con la gestión que con el hecho de que un inmigrante pueda pedir cita previa con una tarjeta sanitaria en vigor.
Resulta especialmente cómico el cinismo de algunos sectores cuando se enfrentan a la realidad económica de esta provincia. Mientras en los atriles se habla de "invasión", en los despachos de las organizaciones agrarias el discurso es otro bien distinto. ¿Quiénes creen que están pidiendo esta regularización a gritos? Pues nada menos que Adoración Blanque, presidenta de ASAJA Almería, Andrés Góngora desde COAG o los representantes de UPA. Lo pide la patronal de la hostelería y las empresas de construcción que no encuentran un solo oficial para levantar un tabique. Pero no solo ellos; para asombro de los que ven en cada inmigrante una amenaza a los valores occidentales, la propia Conferencia Episcopal Española se ha alineado con la medida. Sí, la Iglesia Católica, a la cabeza, le ha recordado al Estado que la justicia social también se escribe con permisos de residencia. Quizás sea que en la Iglesia han leído el Evangelio con más atención que algunos políticos de brocha gorda.
Al obtener papeles, estas personas pasan de la economía sumergida al sistema contributivo. Empiezan a cotizar a la Seguridad Social, a pagar impuestos y a consumir de forma legal. Sí, podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital si cumplen los mismos requisitos que cualquier otro ciudadano, pero el objetivo de alguien que ha cruzado el mar no es cobrar un subsidio de subsistencia, sino trabajar legalmente sin el miedo constante a que un control policial le suponga la deportación. Además, conviene desmontar ese mito del "voto cautivo". Un inmigrante regularizado por este decreto no tiene derecho a voto en las elecciones generales. No puede elegir quién se sienta en la Moncloa ni quién representa a Almería en las Cortes. Para eso se necesita la nacionalidad, un trámite que en este Estado es más lento que el Corredor Mediterráneo llegando a nuestra provincia.
Es más, la experiencia internacional nos dice que el agradecimiento electoral es un cuento chino. En los Estados Unidos de Donald Trump, hemos visto cómo miles de inmigrantes ya nacionalizados votan con entusiasmo al candidato que promete cerrar la frontera. Es la paradoja del que ya está dentro: una vez que logran el estatus, muchos cierran la puerta tras de sí para proteger su posición. Sostener que esto es una fábrica de votantes socialistas es ignorar la psicología humana y la realidad jurídica. Lo que tenemos, en definitiva, es un ejercicio de pragmatismo para sacar de la sombra a quienes ya forman parte de la sociedad almeriense, aunque a algunos les duela verlos en la cola del banco en lugar de escondidos entre el plástico de los invernaderos.