La provincia de Almería ha sido designada como uno de los cinco enclaves fundamentales en todo el Estado español para la implementación del nuevo proceso de regularización administrativa extraordinaria. Según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, la capital almeriense se une a Madrid, Valencia, Murcia y Alicante como las únicas sedes autorizadas para la recepción presencial de solicitudes vinculadas al Real Decreto 316/2026.
Esta medida, que busca dar respuesta a la situación de miles de personas en situación irregular, permitirá a la Oficina de Extranjería de Almería gestionar de forma directa las peticiones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, específicamente bajo las figuras de arraigo para solicitantes de protección internacional y arraigo extraordinario.
Para absorber el volumen de expedientes previsto, se ha establecido un dispositivo operativo sin precedentes que comenzará su atención presencial el próximo 20 de abril. Las dependencias de la Administración en Almería ampliarán su horario habitual con una jornada de tarde, operativa de lunes a viernes entre las 16:00 y las 19:00 horas. Durante este tiempo, el personal funcionario desempeñará tareas de apoyo técnico, que incluyen la asistencia a los ciudadanos en el uso de herramientas electrónicas, la digitalización de documentos originales y la captura de datos en la plataforma MERCURIO.
Es importante señalar que los empleados públicos destinados a este refuerzo en la provincia no tendrán competencias para resolver los expedientes ni para realizar comprobaciones de fondo sobre la validez de los documentos, tareas que se centralizan en la Dirección General de Gestión Migratoria. Los solicitantes recibirán un justificante de presentación en el momento, tras el cual se les devolverá toda su documentación original.
El debate político en torno a esta medida ha generado una notable división de opiniones en la esfera pública de la provincia. Desde el PSOE, se defiende la iniciativa como un avance necesario para garantizar la seguridad jurídica, la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la economía local al aflorar empleos que actualmente operan en la economía sumergida. Por el contrario, formaciones como el PP han mostrado su rechazo en diversos foros, incluyendo el Pleno del Ayuntamiento de Almería y en municipios como Roquetas de Mar y El Ejido. Los representantes populares argumentan que este proceso podría generar un efecto llamada y han criticado lo que consideran una falta de planificación y de medios materiales para que la policía nacional y el personal de extranjería puedan desarrollar sus funciones ordinarias sin verse desbordados por esta carga extraordinaria de trabajo.
Los requisitos establecidos para acceder a esta vía de regularización son estrictos y requieren que los interesados demuestren su estancia en el Estado español desde antes del 1 de enero de 2026, además de acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de realizar la solicitud. Asimismo, es imprescindible carecer de antecedentes penales tanto en España como en los países de origen.
Aunque la gestión administrativa se coordina desde el Gobierno central, la integración social y la atención de estas personas involucran también de forma indirecta a instituciones como la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, que gestionan servicios básicos en el territorio. La financiación de todo este operativo especial, que incluye desde las gratificaciones extraordinarias por servicios fuera de la jornada habitual hasta los costes de seguridad, limpieza y mantenimiento de la sede de Almería, será asumida íntegramente por la Secretaría de Estado de Migraciones. El plazo para la presentación de estas solicitudes finalizará de manera improrrogable el 30 de junio de 2026, fecha en la que concluirá esta encomienda de gestión.
Para acceder a estas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos estrictos. Entre las condiciones principales figura la acreditación de la permanencia en el Estado español desde antes del 31 de diciembre de 2025, debiendo demostrar una estancia continuada de al menos cinco meses previos a la presentación de la solicitud. Además, es indispensable que las personas interesadas carezcan de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen o en los Estados donde hayan residido anteriormente. Este proceso de regularización se orienta a formalizar la situación de quienes ya se encuentran plenamente integrados en la vida social y laboral de la provincia de Almería, exigiendo también la aportación de documentación que verifique su identidad y, en los casos que corresponda, los vínculos familiares o el informe de esfuerzo de integración.
Se estima que este proceso extraordinario podría beneficiar a unas 25.000 personas en la provincia de Almería, una cifra que sitúa a la oficina almeriense ante un reto de gestión de gran magnitud. Organizaciones sindicales como UGT han valorado positivamente la medida al considerar que permitirá aflorar empleo legal y garantizar derechos fundamentales a trabajadores que, hasta ahora, operaban en la economía sumergida. Sin embargo, la iniciativa ha profundizado la brecha política en la provincia; mientras el PSOE defiende que la regularización aportará seguridad jurídica y dinamismo económico, el PP ha manifestado su rechazo frontal en municipios con gran presencia de población extranjera como El Ejido y Roquetas de Mar, alertando sobre un posible efecto llamada y la saturación de los servicios públicos locales.