A este paso, en el sureste peninsular vamos a tener que empezar a importar palomitas por toneladas para asistir al espectáculo que nos brindan desde el oeste. El sainete de Extremadura ha terminado con el final esperado: María Guardiola y Vox han llegado a un acuerdo, y aquellos que nno ponían por delante los sillones, han acabado sentándose en ellos entrando en el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Dice el refranero que por la boca muere el pez, pero en este caso, la formación de Santiago Abascal parece haber optado por el tiro en el pie como disciplina olímpica.
Hay que recordar aquellos mítines en los que los líderes de Vox se rasgaban las vestiduras asegurando que a ellos los sillones les daban alergia, que lo importante eran las "políticas" y que venían a regenerar la vida pública. Pues bien, a la hora de la verdad, se han aferrado al presupuesto con la fuerza de quien sabe que fuera de la política hace mucho frío. Podrían haber condicionado el Ejecutivo de María Guardiola desde la Asamblea de Extremadura, fiscalizando cada ley y marcando el paso desde la oposición para demostrar que su interés era ideológico y no de nómina. Pero no. Querían mando, chófer y consejería.
Lo verdaderamente divertido del asunto —si no fuera porque hablamos del dinero de los contribuyentes— es que han elegido áreas de gestión donde su ideario va a chocar frontalmente con un muro de hormigón llamado realidad jurídica. Se han empeñado en el control de la gestión de los menores extranjeros no acompañados, prometiendo devoluciones inmediatas a sus familias. Aquí, en la provincia de Almería, sabemos bien que la burocracia no se dobla ante un tuit. La Ley de Extranjería y los tratados internacionales que el Estado español tiene suscritos obligan a las Comunidades Autónomas a la tutela de estos menores. A menos que la nueva Consejería de Vox pretenda instaurar una suerte de "república independiente de la dehesa", tendrán que acatar los repartos que se decidan en el marco del Estado. Prometer repatriaciones imposibles de ejecutar sin identificación ni convenios bilaterales con terceros países no es política; es ciencia ficción de bajo presupuesto.
Y qué decir del campo, ese sector que en Almería es el motor económico y que en Extremadura no es menos relevante. Vox pretende combatir la Agenda 2030 como si fuera el mismísimo Apocalipsis. Sin embargo, se van a encontrar con que los agricultores extremeños, al igual que los nuestros, dependen de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. ¿Qué harán cuando tengan que elegir entre su fobia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el bolsillo de los regantes? O aplican las directivas europeas o dejan a su sector primario sin los fondos que garantizan su supervivencia. En política, el postureo ideológico dura exactamente lo que tarda en llegar el primer requerimiento de Bruselas.
Incluso la propia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido que recordar obviedades que en Vox parecen ignorar: el Estado se rige por leyes que protegen a los ciudadanos que contribuyen. La "prioridad nacional" en ayudas sociales es un concepto que suena muy bien en un mitin, pero que es inconstitucional en su aplicación discriminatoria hacia residentes legales que pagan su Seguridad Social y sus impuestos. Han pasado de estar contra las paguicas a defenderlas, pero eso sí, solo para los españoles, y la pregunta es si el siguiente paso es si serán solo para los votantes de Vox.
Para los que observamos esto desde Andalucía, el precedente es preocupante. Han mantenido una Comunidad Autónoma meses paralizada por un puro cálculo electoralista de su dirección nacional en Madrid, sin importarles el desgobierno. Si este es el modelo de "gente seria" que pretenden exportar, Almería debería tomar nota. Porque al final, cuando las promesas se enfrentan a la ley y la gestión real, lo que queda es un votante decepcionado al que le prometieron la luna y le han dado un despacho con moqueta. Actuar como un grupo antisistema desde dentro del sistema no es una estrategia brillante; es, sencillamente, la forma más rápida de demostrar que no se tiene capacidad de gestión alguna.