En el surrealista ecosistema de la normativa electoral que rige nuestro país, parece que la realidad y el derecho han decidido tramitar su divorcio por diferencias irreconciliables. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se ha convertido en una suerte de mordaza selectiva que, bajo el pretexto de la neutralidad, termina premiando el equilibrismo dialéctico de la oposición mientras penaliza el inventario de lo tangible.
El último capítulo de esta antología del absurdo lo protagoniza Antonio Sanz Cabello, Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. La Junta Electoral ha tenido a bien imponerle una sanción de 300 euros por cometer el "delito" de explicar a los profesionales del Hospital La Inmaculada, en Huércal-Overa, en qué se ha gastado el dinero de los contribuyentes. Resulta fascinante que, en el actual marco jurídico del Estado, informar sobre la gestión pública sea tratado casi como una actividad clandestina si se hace con las urnas calentando en la banda.
Lo que Antonio Sanz Cabello desgranó ante el personal sanitario de la zona norte de la provincia de Almería no fue ni una rueda de prensa, ni un mitin cargado de promesas etéreas, sino una lista de compras ya instaladas: una nueva resonancia magnética con mamógrafo digital de última generación, cuatro salas de radiología digital, ecógrafos de alta gama para cardiología y ginecología, y torres de laparoscopia 4K para el bloque quirúrgico. Sumen a esto la renovación de la planta de hospitalización con 153 camas eléctricas y 125 sillones-cama para acompañantes. Según la lógica de la junta electoral, contarle a un médico que ahora tiene mejores herramientas para salvar vidas es un ataque directo a la democracia si hay elecciones a la vista. Insisto en que era un encuentro con los profesionales del centro, no un acto público, abierto.
Mientras tanto, en el otro lado, el candidato del PSOE de Almería al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, podía pasearse denunciando un supuesto "desmantelamiento" del hospital sin que ningún árbitro electoral le sacara tarjeta. He aquí la paradoja: la ley permite que la oposición pinte un escenario de tierra quemada, sea este real o una fantasía gótica, pero prohíbe al Gobierno de turno encender la luz para mostrar que el edificio sigue en pie y, además, recién pintado. Se sanciona la evidencia y se subvenciona la hipérbole negativa.
Si el rasero de la "limpieza" electoral fuera el mismo para todos, el Partido Socialista debería andar con pies de plomo antes de rasgarse las vestiduras por una charla técnica en Huércal-Overa. No conviene olvidar que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central ya tienen experiencia en multar a los inquilinos de La Moncloa. El Presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, fue multado con 2.200 euros por utilizar una rueda de prensa oficial en Bruselas para verter valoraciones electoralistas y atacar a la oposición. Un escenario mucho más grave, pues no hablaba ante profesionales en un pasillo de hospital, sino ante la prensa internacional usando recursos del Estado.
Aquel precedente no fue una anécdota. La entonces Ministra Portavoz, Isabel Rodríguez García, también fue condenada al pago de 4.700 euros por quebrantar reiteradamente el principio de neutralidad desde la mismísima sala de prensa del Consejo de Ministros. Eso sí es jugar con las cartas marcadas desde el centro del poder del Estado, y no explicarle a un enfermero de la provincia de Almería que su servicio de urgencias y el área de bienestar fetal han sido reformados.
El sistema actual genera una indefensión institucional cómica. Si un gobierno construye un pabellón de deportes, la ley le impide inaugurarlo o presumir de él durante la campaña; pero si ese mismo gobierno no hubiera puesto un solo ladrillo, la oposición tendría vía libre para machacarlo por su inacción. Es decir, la gestión se convierte en un lastre comunicativo y la crítica, por infundada que sea, en un cheque en blanco.
La norma electoral parece diseñada para que el ciudadano vote a ciegas, ignorando lo que se ha hecho para no "contaminarse", mientras se le permite empaparse de lo que la oposición dice que no se ha hecho. Al final, en este teatro de lo absurdo, lo único que queda claro es que sale más barato mentir sobre lo que falta que decir la verdad sobre lo que ya hay. Y mientras tanto, los profesionales de Huércal-Overa tendrán que fingir que no ven la nueva resonancia magnética hasta que se cierren las urnas, no vaya a ser que la realidad les altere el sentido del voto.