La protección del patrimonio histórico en la provincia de Almería ha cobrado un nuevo impulso tras el encuentro mantenido este pasado sábado entre una delegación de la coalición Por Andalucía y diversos colectivos sociales. La jornada tuvo como eje central la situación crítica del yacimiento arqueológico de Baria, ubicado en Villaricos, dentro del término municipal de Cuevas del Almanzora, donde la presión de proyectos urbanísticos ha generado una profunda preocupación entre expertos y residentes locales que temen por la integridad de este asentamiento fenicio, uno de los más relevantes del sureste del Estado español.
La comitiva política, que contó con la presencia de los principales representantes de Izquierda Unida, Los Verdes y Movimiento Sumar, junto a integrantes de Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde en Almería, realizó una visita técnica sobre el terreno. Durante el recorrido, guiado por la asociación Unidos por Baria, se analizó el valor excepcional de los restos arqueológicos y el riesgo real que supone la edificación prevista en la zona. Los colectivos ciudadanos expusieron la necesidad de frenar cualquier actuación que resulte incompatible con la conservación de este espacio, que es considerado un elemento clave de la identidad histórica provincial.
Tras la inspección de los terrenos, se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se formalizaron compromisos concretos para elevar la protección de Baria a las instituciones. La coalición ha anunciado su intención de integrar en su hoja de ruta política medidas drásticas que incluyan la paralización inmediata de las licencias urbanísticas que amenacen el entorno. Asimismo, se ha propuesto avanzar en la declaración efectiva y el desarrollo integral del Parque Arqueológico de Baria, lo que permitiría no solo su salvaguarda legal, sino también el fomento de la investigación científica y su posterior apertura al uso y disfrute de la ciudadanía.
Esta movilización se produce en un momento en el que la sociedad civil de Almería demanda una mayor implicación de las administraciones públicas, como la Junta de Andalucía, en la delimitación correcta de los entornos protegidos. Por el momento, esta confluencia de fuerzas de izquierda es la única que ha manifestado un respaldo público y explícito a las demandas de las plataformas patrimonialistas, subrayando que la riqueza arqueológica debe prevalecer sobre los intereses inmobiliarios para garantizar que el legado de Baria no desaparezca bajo el hormigón.