La provincia de Almería ha experimentado una transformación profunda en la gestión de sus servicios sociales, logrando cifras de atención nunca antes registradas. Según los datos facilitados por el PP, la inversión destinada a la dependencia en territorio almeriense ha escalado hasta los 577,5 millones de euros durante la presente legislatura, una cuantía que supone más del doble de lo consignado en el tramo final de la etapa socialista en la Junta de Andalucía.
Durante un encuentro sectorial celebrado en Almería, Loles López, responsable de Inclusión Social del PP andaluz, junto a representantes locales como Francisco Bellido y María del Mar Vázquez, ha subrayado el cambio de rumbo en un sistema que anteriormente se encontraba bloqueado. López ha recordado que el actual Ejecutivo heredó un modelo con graves deficiencias informáticas y administrativas que dejaba a miles de ciudadanos fuera de las ayudas.
En el caso concreto de Almería, el balance a cierre de marzo refleja un total de 26.673 personas beneficiarias, lo que representa un crecimiento superior al 41% respecto a 2018. El volumen de prestaciones también ha experimentado un alza significativa, rozando las 40.000 ayudas activas. En cuanto a la agilidad del sistema, se ha puesto de relieve que los tiempos de espera se han reducido drásticamente, pasando de demoras que superaban los tres años a los 464 días actuales, la cifra más baja en los últimos tres lustros.
La modernización del servicio ha sido clave en este proceso. El PP defiende que la implementación de un expediente único y la reducción de las visitas de valoración han permitido desatascar los procesos. Además, se ha hecho especial hincapié en la creación de plazas residenciales; mientras que en etapas anteriores el crecimiento fue mínimo, en los últimos años se han habilitado miles de plazas nuevas, apoyadas por una inversión de 30,8 millones de euros de fondos europeos destinados específicamente a una veintena de proyectos en la provincia.
Sin embargo, desde la formación popular se ha denunciado la brecha financiera que mantiene el Ejecutivo central. Loles López ha criticado que la administración nacional solo aporta el 29% de los fondos necesarios, obligando a la Junta de Andalucía a asumir el 71% restante, a pesar de que la normativa vigente establece un reparto equitativo a partes iguales. Esta situación ha sido calificada de agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas que sí reciben una financiación mayor por parte del Estado.
Por su parte, María del Mar Vázquez, en su calidad de secretaria general del PP en la capital, ha incidido en que estas medidas han convertido a Almería en una ciudad más solidaria y empática, asegurando que las políticas sociales deben centrarse en dar soluciones reales y directas a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables.