En una reciente reunión con el movimiento de familias de alumnos con necesidades educativas específicas (NEAE) en Andalucía, el cabeza de lista al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha expresado la preocupación por la situación actual que enfrentan estas familias. Junto a la candidata Fátima Herrera y la secretaria de Educación del PSOE de Almería, Maricarmen de la Paz, Ayala abordó temas cruciales como la atención temprana y la inclusión educativa en la provincia.
Durante el encuentro, Ayala subrayó el compromiso del PSOE y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, para garantizar por ley una educación inclusiva para los estudiantes con NEAE. El dirigente socialista afirmó que las familias se sienten abandonadas por el Gobierno de Moreno Bonilla tras años de recortes en los recursos necesarios para sus hijos e hijas.
Ayala advirtió que esta falta de apoyo está provocando situaciones de exclusión en los centros educativos. Según relatan las propias familias, hay alumnos que no pueden participar en actividades escolares como excursiones y deben quedarse en casa debido a la falta de recursos adecuados.
El líder socialista defendió la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos especializados. Propuso garantizar apoyos estables dentro del aula y asegurar que haya personal cualificado en todos los centros educativos. Además, abogó por reducir las ratios para facilitar una atención individualizada y lograr una inclusión real.
Ayala también criticó al Partido Popular por su insistencia en reformar la Formación Profesional Básica, lo cual podría poner en riesgo la continuidad educativa de alumnos con necesidades especiales. Este itinerario representa, para muchos, su única oportunidad de desarrollo académico y profesional. En Almería ya se están viendo efectos negativos, como la eliminación del ciclo dirigido a este alumnado en el IES Algazul de Roquetas de Mar.
El dirigente socialista enfatizó que cada programa que se elimina significa una oportunidad menos para estos estudiantes y sus familias. Por ello, propuso ampliar la oferta formativa para garantizar itinerarios educativos adaptados tras finalizar la educación obligatoria.
Durante la reunión, los representantes del movimiento familiar plantearon varias demandas clave. Solicitaron regular las ratios para profesionales como Audición y Lenguaje o Pedagogía Terapéutica, asegurando así intervenciones adecuadas y efectivas. También exigieron un cumplimiento riguroso de las ratios de orientadores para garantizar evaluaciones correctas y el derecho a ser escuchados.
Las familias insistieron en que el apoyo individualizado debe ser un recurso público regulado por la administración, prestado exclusivamente por profesionales cualificados. Rechazaron cualquier modelo precario que genere desigualdad o sobrecarga económica.
La asociación recordó que ya existe normativa andaluza que obliga a dotar a los centros con los recursos necesarios para atender estas necesidades educativas. También solicitaron permitir que el alumnado pueda finalizar su curso aunque cumpla 21 años durante el mismo, evitando interrupciones en su proceso educativo.
Finalmente, advirtieron que “la educación inclusiva no fracasa por casualidad”, sino cuando se recortan recursos y no se priorizan las verdaderas necesidades del alumnado. Insistieron en que es fundamental trabajar hacia una educación que no deje a nadie atrás.